La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, también condena al asesor personal de la ex edil, Javier García —cesado en su cargo en la actualidad—, a la pena de seis meses de prisión por un delito de falsedad documental, por el que deberá hacer frente a una multa de 3.240 euros.

Ambos acusados deberán afrontar, además, al pago de la mitad de las costas del procedimiento, y a cuantas acciones de cualquier otro orden emprendan "el perjudicado o perjudicados en relación con el procedimiento de adjudicación administrativa y los negocios jurídicos" derivados de su acción.

Según la sentencia, se declara probado que la acusada, siendo alcaldesa del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte desde el 16 de junio de 2007, y el acusado, Javier García, que fue su asesor personal, puestos de acuerdo, utilizando el cargo que ocupaba la acusada y sabiendo de la ilegalidad que cometían, decidieron preparar un proceso de adjudicación con la finalidad de favorecer a la familia del acusado, que tiene una empresa denominada 'D'leip' destinada a la fabricación de objetos de marroquinería.

Así, la acusada dio inicio al proceso de adjudicación aprobando un Decreto de Alcaldía de fecha 21 de agosto de 2007, donde resolvió la utilización de procedimiento negociado y sin publicidad, como forma de adjudicación, para un contrato administrativo de suministro que tenía por objeto dar como regalo a los habitantes de Casarrubios del Monte unos llaveros de piel.

Posteriormente, la acusada, para dar apariencia de legalidad al proceso, continuó los trámites, llegando a emitir el 22 de agosto con membrete del Ayuntamiento y firmados por ella como alcaldesa, sendos escritos aparentemente dirigidos a las empresas interesadas en participar en el concurso.

Además, la acusada elaboró e incorporó al expediente, en connivencia con el acusado, dos presupuestos inveraces concurrentes a una teórica puja —el contrato de suministro exige la presentación de tres presupuestos—, uno a nombre de la empresa "Manin" y otro a nombre de la empresa "Artipublic" que, teóricamente, concurrían junto al presentado por la empresa "D'leip", siendo así que dichas empresas existen y están en funcionamiento "pero no han elaborado ni presentado los mencionados presupuestos".

Finalmente, la alcaldesa, con pleno conocimiento de la injusticia de ilegalidad de lo que resolvía, acordó, mediante Decreto de 24 de agosto, adjudicar el contrato de suministro a la empresa "D'leip", cuyos intereses querían favorecer los acusados.

El importe total de la adjudicación ascendió a la cantidad de 29.817 euros por la compra de 5.000 llaveros, que han sido pagados de las arcas municipales a la citada empresa "D'leip", de la familia del acusado, que fue la adjudicataria del contrato de suministro, al haber presentado el presupuesto teóricamente más bajo.