El portavoz de Arca Gonzalo explicó que en estos momentos hay tres propuestas en el Parlamento sobre este asunto y si las de los ayuntamientos son "infumables", la de Mazón es lo "suficientemente brutal e inconstitucional" como para este tribunal estime su recurso, aunque tarde dos años en pronunciarse. "Tardaremos un par de años, pero nosotros sabemos esperar, hemos esperado diez años, sabemos esperar dos años más", dijo Canales, para quien la vía que han tomado el consejero y la clase política de la región "no va a solucionar el problema", sino que lo va a retrasar un par de años más.

Para Arca, asociación que ha presentado la mayoría de las denuncias que han desembocado en sentencias de derribo, Mazón es "el enemigo público número uno" de la legalidad urbanística en Cantabria, donde está promoviendo la "impunidad" y la "corrupción", y no la seguridad jurídica, como dice para justificar las reformas que propone para evitar los derribos.

Elaborar leyes para incumplir sentencias es "una quiebra" del Estado de Derecho y una "inmoralidad difícil de comprender", añadió Canales, que acusó también a Mazón de estar "promoviendo la "impunidad" y la "corrupción" urbanística en Cantabria.

Canales señaló que el consejero "no cree" en el urbanismo, ni en la ordenación del territorio, y el paisaje "le estorba", como demuestra, según dijo, la proposición de ley elaborada por su departamento y que deja sin efecto el "único artículo" de la Ley del Suelo, el 34, que lo protege, al proponer "construir más urbanizaciones" donde se ha dañado el paisaje.

Para el portavoz de Arca, la actitud de Mazón en este asunto se ha caracterizado por "el populismo, el oportunismo político, la chapuza y la improvisación", y a su juicio no es de un gobernante "serio", sino de un "irresponsable" tomar medidas para "incumplir sentencias".

Criticó que en Cantabria no sólo se "ha violado" la legislación urbanística de manera "muy clara", sino que las sentencias de derribo no se han cumplido después de diez años, y los responsables de la situación, políticos y constructores, precisó, además de estar "impunes" se han "enriquecido".

Canales denunció que la proposición que Mazón ha llevado al Parlamento intenta legalizar las sentencias que afectan al paisaje "construyendo más", y pretende reducir de cuatro años a dos meses el plazo para recurrir una licencia, lo que supone "no más seguridad, sino más impunidad".

Además, es una "irregularidad absoluta" que en lugar de los grupos parlamentarios sea la Consejería la que haya elaborado la proposición de ley, así como una "inmoralidad manifiesta" que deje a los ayuntamientos que propongan cómo modificar la Ley del Suelo para no cumplir las sentencias, lo que comparó a que los legisladores dejen en manos de los "delincuentes" su labor.

Recordó que Arca ha remitido una solicitud a los grupos parlamentarios en la que pide que se garantice el cumplimiento y el respeto de la legislación, en concreto la Ley del Suelo, y que el Parlamento no se convierta en "cómplice" de la "ilegalidad" que propone Mazón, y que servirá para "fomentar la corrupción".

Para la asociación la Ley del Suelo no se debe seguir modificando, lo que ya se ha hecho "diez veces" en los últimos nueve años, y en todo caso debe elaborarse un texto refundido y uno de protección del paisaje.

Canales concluyó que cumplir las sentencias "no es tirar el dinero", como dice Mazón, sino "invertir en seguridad jurídica", y cumplir las sentencias es la única manera de enviar un "clarísimo mensaje" a los políticos y constructores "corruptos" que han generado esta situación.