Miles de personas se manifestaron hoy en A Coruña y Vigo, convocadas por la CIG, en contra de la reforma laboral aprobada por el Gobierno central. En la ciudad coruñesa salieron a la calle 500 personas, según la Policía Local, y 1.500 según los organizadores; mientras que en Vigo fuentes policiales apuntaron la cifra de 3.000, que la organización sindical elevó a 5.000.

El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, participó en la manifestación convocada en Vigo, en la que manifestó que el Bloque está "absolutamente en desacuerdo" con la "contrarreforma laboral" del Gobierno central, que consideró que "sigue quitando derechos a los trabajadores" y profundiza en el "desequilibrio" en la relación entre el capital y el trabajo.

En declaraciones a los medios, Vázquez señaló que la reforma es "más favorable al capital" y advirtió de que "no va a conseguir arreglar nada" porque "ni va a generar más competitividad ni más ni mejor empleo". Por la contra, criticó, "va a facilitar el despido".

También lamentó que se vayan a "destruir los derechos que se tardó mucho tiempo en conquistar", motivo por el cual el BNG "se opone con rotundidad". "Es una contrarreforma más de las que se han hecho y ninguna sirvió para mejorar la situación", criticó Vázquez.

En la protesta convocada en Vigo, que salió de la Vía Norte y terminó en las dependencias de la Xunta, la pancarta principal llevaba el lema: "Contra a nova reforma laboral: folga xeral —contra la nueva reforma laboral: huelga general—". El secretario comarcal de la CIG, Serafín Otero, manifestó antes de la salida que la movilización "tiene por objetivo demostrar el descuerdo de la CIG con la reforma".

"Se quiere hacer pagar la crisis a quien menos responsabilidad tiene sobre ella", denunció y reclamó que se pongan en marcha "otro tipo de medidas". La de hoy, advirtió, es "una más" de las movilizaciones que se convocarán antes del 29 de septiembre, para cuando se organizará una huelga general. En este sentido, expuso que se tratará de que "sea lo más unitaria posible", pero para ello "se tendrán que dar las circunstancias".

Si no hay "compromiso" por parte de los sindicatos estatales, dijo, la CIG hará convocatorias por su parte y organizará actos propios. Además, Otero dijo que evalúan la posibilidad de convocar huelga general en Galicia y criticó que el resto de sindicatos haya "tardado tanto" en convocar.

"lucha de clases"

En A Coruña, unas 1.500 personas, según los convocantes, y 500 según la Policía Local, se manifestaron hoy en A Coruña, convocadas por la CIG, en contra de la reforma laboral. La manifestación partió de la Plaza de la Palloza, encabezada por una pancarta con el lema 'Contra a reforma laboral. Folga xeral' y finalizó ante la Delegación del Gobierno.

Al finalizar el acto, el secretario xeral de la CIG, Xesús Seixo reivindicó la movilización de hoy como "una lucha con un claro contenido de clase". "Una lucha por modelos de organización socioeconómica totalmente confrontados", aseguró el dirigente de la CIG, quien advirtió de que "o se paraliza la reforma o la situación de los trabajadores en los próximos años empeorará gravemente", apuntó.

Seixo sostuvo que la reforma laboral del Gobierno "legitima el recorte de derechos más importante adoptado en el Estado español en período de democracia", al tiempo que la calificó de "injusta" e "injustificable".

Asimismo, consideró que "no influirá" en la salida de la crisis "y no creará empleo, ni tampoco acabará con la dualidad en el mercado laboral", subrayó el secretario xeral de la CIG, quien atribuyó a la "presión" de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la reforma aprobada "y detrás de ellos al capital financiero", añadió.CC.OO. Y

Ugt "culpables" de no haber contestado antes

Seixo acusó también a CC.OO y UGT de ser "culpables de que a estas alturas no se haya producido una contestación más dura a la política de recorte", aunque valoró la convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre y reclamó una "respuesta contundente" para evitar "que empeore el contenido de la reforma" en su tramitación parlamentaria.

Frente a las medidas del Ejecutivo, apostó por una política fiscal "de carácter progresivo", por combatir el fraude y los paraísos fiscales y por el incremento de la inversión pública.