Urbanizadores acusan a IU de "populismo" y dicen que el decreto de campos de golf "no es volver al ladrillo"

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, acusó hoy al portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento Andaluz, Ignacio García, de hacer "populismo barato" con la modificación del decreto de campos de golf aprobada por la Junta, y añadió que los cambios introducidos no suponen "en absoluto una vuelta al ladrillo".

García aseguró ayer que el decreto aprobado "rompe el discurso de racionalidad urbanística introducido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en cuanto a limitar el crecimiento, inaugurándose una nueva etapa de todo vale", y atribuyó la modificación a las "presiones de la patronal".

En este sentido, Arranz lamentó que se realicen declaraciones que "insultan a los profesionales del sector sin tener en absoluto conocimiento de la verdadera necesidad de la modificación del decreto".

"Estamos cansados de que se nos acuse con tanta ligereza de especuladores", aseveró a Europa Press, y añadió que en esta actividad hay "profesionales capacitados, responsables, que respetan la ley y otros que no y es injusto y demagógico meternos a todos en el mismo saco".

El presidente de los urbanizadores andaluces animó a IU a realizar un estudio económico en profundidad sobre lo que cuesta construir y mantener un campo de golf para, de este modo, "entender por qué la Administración delega esta responsabilidad en la iniciativa privada".

Arranz trasladó a IU que si quiere que no se construyan más campos "explique a los ciudadanos cómo se van a suplir los ingresos de más de 400 millones de euros y 4.500 empleos que generó el sector el pasado año".

A su juicio, la aprobación de esta modificación no ha estado motivada por las "presiones" de los empresarios sino que ha sido la propia Junta de Andalucía "la que se ha dado cuenta de que alguno de los aspectos contenidos en el decreto inicial no eran viables".

"Una cosa es que la Junta acepte escuchar nuestras sugerencias y otra muy distinta es que las acepte y las incorpore al texto definitivo", manifestó, y subrayó que se aplaude la capacidad del Ejecutivo autonómico "de reconocer que se ha equivocado y rectificar".

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