El BNG denuncia "cierta connivencia" entre la Xunta y familia de Franco por el retraso en la apertura del Pazo de Meirás

El portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Carlos Aymerich, denunció hoy la existencia de "cierta connivencia" entre la Xunta de Galicia y la familia de Franco por el retraso en la apertura del Pazo de Meirás, durante la presentación de una proposición no de ley de la formación nacionalista en la que insta al Ejecutivo autonómico a concretar los días en que estará abierto al público tras su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

En rueda de prensa, Aymerich y el alcalde de Sada, el nacionalista Abel López Soto, criticaron que no se haya fijado un calendario para su apertura, después de que en junio del año pasado un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase la solicitud de la familia de Franco de suspender la eficacia de la declaración del Pazo de Meirás como BIC.

"La falta de actuación de la Xunta parece que obedece a algo más que a la proverbial ineficacia", apuntó el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, quien argumentó que el Ejecutivo autonómico tiene, tras la presentación de la proposición no de ley de este grupo, "una ocasión de oro para demostrar que trata a la familia de Franco como otra que tenga un Bien de Interés Cultural", añadió.

Por su parte, el alcalde de Sada, Abel López Soto, acusó a la Administración autonómica de "dejación de funciones" y subrayó que corresponde a la Xunta "hacer cumplir la ley", indicó en relación a la obligación de abrir cuatro días al mes el Pazo de Meirás, tras su declaración en 2008 como Bien de Interés Cultural.

López Soto, que se mostró convencido de que si estuviera en la Consellería de Cultura su anterior responsable, Ánxela Bugallo, "estaría abierto", insistió en que es la Administración autonómica "la que tiene competencias para negociar con los propietarios", añadió en relación a los días y las zonas en que debe concretarse la apertura y los lugares de visita.

Por ello, reclamó a la Xunta de Galicia y a la Dirección Xeral de Patrimonio, a la que dijo haber enviado "varios escritos", "que hagan cumplir un acto firme y las consecuencias que se derivan", insistió.

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