La víctima, una anciana de unos 82 años, fue diagnosticada de trastorno distímico depresivo; de pérdida cognitiva progresiva, con episodios de deso rientación y falta de memoria para las actividades cotidianas; con síntomas psicóticos de tipo paranoide; con alzheimer; y, además, con una demencia arteriosclerótica.

Así, ante esta situación, la acusada solicitó en junio de 2008 su internamiento una residencia de tercera edad, y el juzgado acordó su ingreso no voluntario por trastorno psíquico en febrero de 2009.

La acusada, pese a la anciana tenía otras dos sobrinas y más familiares, de común acuerdo con el acusado y aprovechándose de sus facultades mermadas, el 11 de septiembre de 2007 la trasladaron hasta una notaría de Valencia, donde consiguieron que les otorgara poderes generales a favor de su sobrina y testamento a favor de ambos acusados, como herederos únicos por partes iguales.

Tras ello, en julio de 2008, utilizando estos poderes, la acusada se personó en el banco en la que su tía tenía una cuenta corriente y un plazo fijo y la canceló, sacando —sin su conocimiento ni consentimiento— un importe de 16.954 euros. El 27 de febrero de 2009 y 5 de marzo del mismo año, la mujer hizo tres reintegros de otra cuenta de la anciana —dos de 1.000 euros y otro de 600—, cuando la anciana ya estaba en la residencia.

Además, el 29 de julio de ese mismo ejercicio, la pareja acudió a una notaría, sin conocimiento ni autorización de la anciana, y con los poderes adquiridos, y compraron a partes iguales el domicilio de su tía, en régimen de gananciales, reservándole el usufructo a la víctima.

Para el pago de este precio, libró el acusado un cheque por importe de 72.000 euros, de una cuenta de la que los dos acusados eran titulares, y en la que sabían que no habían tenido ni iban a tener el importe, puesto que no tenían ninguna intención de abonarlo. Así, mientras su tía seguía en la residencia, cambiaron la cerradura de la vivienda, lo que le impidió entrar al volver.

En mayo de 2009, la acusada compareció en la Fiscalía de Valencia y solicitó la declaración de incapacidad de su tía por enfermedad mental o psíquica diagnosticada de demencia arterioesclerótica, y aportó un informe de la residencia que lo acreditaba. Pasados unos días, la anciana le revocó notarialmente el poder general que había otorgado a la acusada en 2007 y denunció estos hechos en el juzgado.

Por todo, el ministerio fiscal pide para la pareja, de 50 y 51 años, una pena de ocho años de cárcel por un delito de estafa continuada, y que paguen una multa de 10 euros diarios durante 24 meses.