El concurso, que se espera resolver antes de final de año, supondrá un ahorro mínimo de 2 millones de euros anuales, según los cálculos iniciales realizados por ese Centro Directivo, después de recabar información sobre las ofertas que realizan las principales compañías comercializadoras que operan en el Estado.
El cambio en la política de contratación del suministro eléctrico hacia la contratación común obedece a la liberalización en el sector de la comercialización del suministro eléctrico que aprobó el Estado en el año 2009, con el fin de aumentar la competencia en el sector.
En el caso de Canarias, dadas su lejanía del continente y su insularidad, este aumento de la competencia no se ha traducido en el ahorro en la factura para los consumidores que se esperaba, puesto que muchas comercializadoras se plantean su implantación en un mercado tan fraccionado.
Así, la celebración de este concurso cumplirá una doble función: además de un ahorro para las arcas públicas, estimado en 2 millones de euros al año, contribuirá a aumentar el papel de las comercializadoras eléctricas en las islas.
Generar energía en los edificios
Una vez resuelto el concurso, el Gobierno de Canarias se plantea ir más allá y centralizar también los servicios energéticos. De ese modo, se partiría de la eficiencia económica que se logrará con este concurso y se avanzaría hacia la eficiencia energética, al contar con la gestión común de las medidas de ahorro y eficiencia que se puedan implantar, lo que puede llegar a suponer un ahorro total que ronda los cinco millones de euros al año.
Por último, la mejora energética de los inmuebles de la Comunidad Autónoma se completaría con la centralización de un tercer apartado: la generación de energía en los propios edificios.
En línea con la continuada apuesta del Gobierno de Canarias por la implantación de las energías renovables, la lucha contra el cambio climático y el ahorro energético, este último paso en la racionalización de la energía en los edificios públicos consistirá en realizar un estudio detallado de las instalaciones (fotovoltaicas, minieólicas, etc.) que se puedan acometer en la cubierta de los inmuebles e implantarlas
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