Ambos parlamentarios se reunieron este mediodía con los secretarios generales de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, con quienes comparten el "temor" de que el Gobierno aproveche la tramitación de la norma como proyecto de ley para "empeorar aún más" sus condiciones, como indica su disposición a pactar únicamente con formaciones "de la derecha", como PP y CiU.

En este sentido, Llamazares se mostró convencido de que la huelga general convocada para el 29 de septiembre —coincidiendo así con la tramitación de la norma en la Cámara Baja— será un "gran éxito" que permitirá "frenar la agresión" e impulsar una salida progresista a la crisis del empleo, si bien se mostró escéptico de que pueda conseguirse con el actual Gobierno, a juzgar por el rumbo que lleva de "pleitesía" a los mercados.

Apuestan por un cambio de gobierno desde el psoe

"El Gobierno lanza una cura homeopática contra la crisis, acentuando los elementos que la han provocado, acentuando la precariedad laboral y la especulación", denunció Llamazares.

Por su parte, Herrera señaló que se deben "reemplazar a los dogmáticos" en la dirección económica del país, y aunque no señaló que esto deba conllevar un cambio de Gobierno, expresó sus dudas de que el PSOE tenga "musculatura" para impulsar un cambio de rumbo hacia políticas "de verdad progresistas".

Desfachatez del gobierno al negar el abaratamiento

En este sentido, denunciaron la "desfachatez" del Gobierno por negar que la norma suponga un abaratamiento del despido, aunque recordó que es el mismo Ejecutivo que decía de hablar de mantener el gasto social tras la congelación de las pensiones.

Ambos diputados revelaron que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ha respondido a la carta que le enviaron el martes para pedir una reunión, lo que implica una "lectura política muy clara" de la intención del Ejecutivo, que sólo ha negociado con PP, CIU, PNV, ERC y Coalición Canaria.

En cualquier caso, confirmaron que presentarán enmiendas a la norma si se tramita como proyecto de ley, algunas de ellas pactadas con los sindicatos, como una propuesta para elevar las cotizaciones sociales de los contratos temporales, lo que supondría su reducción.