El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia, por el que los menores pasan de ser objeto de protección a ciudadanos de pleno derecho, según la vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga. El proyecto, que ha obtenido el respaldo de los agentes sociales y del Consejo Económico y Social (CES), se remitirá ahora al Parlamento para su tramitación.

Gorostiaga explicó, en la rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, que esta nueva ley, que confió se apruebe por unanimidad, "reafirma" el compromiso de las administraciones públicas en la promoción, defensa y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia, instaurando un nuevo modelo de atención que prima los programas que tienen una implantación comunitaria, acercando a los profesionales "a donde están las necesidades reales de la población".

La también consejera de Empleo y Bienestar Social señaló que el proyecto concreta algunos de los derechos recogidos ya en la legislación vigente y los adapta al momento actual, además de establecer los deberes de niños y adolescentes.

Destacó que supone, junto a las leyes de Dependencia y Derechos y Servicios Sociales, un "salto cualitativo" y determinará la acción política en el futuro. Según Gorostiaga, con estas tres leyes, que marcan "un antes y un después" en la región, se "profundiza" en el reconocimiento de los derechos sociales y se avanza hacia la igualdad efectiva de todas las personas, mejorando su calidad de vida y contribuyendo a su desarrollo personal y social.

Explicó que para la elaboración del proyecto de ley aprobado hoy se ha partido de cinco principios básicos, que pasan por reconocer como derechos de ciudadanía los de la infancia y adolescencia; un modelo de atención que prima los programas de implantación comunitaria; superar el viejo modelo asistencial basado en la protección; y entender que "el interés superior del menor prevalece siempre sobre cualquier otro", teniendo en cuenta sus necesidades, derechos y opiniones.

Además, este nuevo modelo también considera que la atención educación y protección de los menores es una "responsabilidad compartida" por todos los agentes sociales.

Según dijo, esta nueva ley es el final de un "largo camino" en el que el Gobierno ha venido trabajando en los últimos años, y dotando económicamente las medidas que ha ido poniendo en marcha, por lo que este proyecto tiene ya un presupuesto contenido en las distintas partidas destinadas a estos dos colectivosNOVEDADES

Entre las novedades, Gorostiaga destacó que la ley define las modalidades de atención a la infancia y adolescencia que prestan las administraciones públicas; en concreto, las acciones de promoción y defensa de sus derechos, programas de prevención e intervención en situaciones de desprotección infantil, así como actuaciones que promuevan la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.

Gorostiaga hizo mención especial al título dedicado a la intervención en situaciones de desprotección infantil, en el que se establecen los contenidos, principios, valores y distribución de competencias, así como la cartera de servicios.

Igualmente, incorpora un título para regular las intervenciones con los adolescentes sujetos a medidas penales, estableciendo una cartera de servicios específica.

El proyecto promueve además la formación permanente, la investigación y la innovación en la atención a ambos colectivos, regulando las funciones del Observatorio de la Infancia y Adolescencia.