La Conselleria de Bienestar Social va a aprobar, a través de cuatro decretos cuyos borradores ya están redactados, cambios sustanciales en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. Una de las medidas más destacadas es el establecimiento del copago en las plazas de residencias: los beneficiarios y la propia Administración pondrán el dinero.

Fuentes del departamento que dirige Angélica Such explican que el usuario contribuirá con hasta el 80% del coste de la plaza residencial siempre que cobre una pensión. Se trata de hacer “más viable y sostenible” la aplicación de la ley con criterios de “justicia distributiva”, aseguran. Quien no tenga recursos, no pagará nada.

Este es uno de los documentos que la consellera presenta hoy mismo ante el Comité Consultivo Autonómico de la Dependencia, en su sesión constitutiva. El órgano está compuesto por las Administraciones públicas, patronales, sindicatos y asociaciones.

El segundo borrador incluye la reducción de plazos a seis meses desde que se pide la ayuda hasta que se dictamina la resolución mediante una agilización de la burocracia. Así, los funcionarios municipales sólo recogerán los expedientes en los que se presenten todos los documentos exigidos, para que el ciudadano no tenga que volver innumerables veces a aportar más papeles.

En otro de los borradores se regula la figura del asistente profesional a domicilio. Trabajarán 80 horas mensuales y percibirán unos 860 euros de salario. Desde la Conselleria dicen que servirá “para crear empleo”. Finalmente, se modificará el catálogo de incompatibilidades para que los grandes dependientes puedan tener a la vez más de un recurso.

“Se pierde dinero por el camino”

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat denunciaron ayer ante el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, que las ayudas del Ejecutivo central “se pierden por el camino” y no llegan a los beneficiarios. “Llega información de que se están recortando los medios, pero sabemos que hay mucho dinero del Gobierno  que no se aplica donde se debe”, afirmó la presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores, Palmira Castellano.