Junta dictaminará sobre Costa Ballena en línea con el informe del Consultivo e insta a Rota a ir a los tribunales

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, afirmó hoy que la Junta tomará su decisión sobre la frontera en los terrenos de la zona conocida como La Ballena "en el ámbito que ha planteado el Consejo Consultivo". Asimismo, añadió que el Ayuntamiento de Rota tiene derecho a recurrir y auguró que "al final serán los tribunales quienes decidan".
Luis Pizarro
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Luis Pizarro

En declaraciones a los periodistas, Pizarro señaló en este sentido que el alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), tiene el "derecho y la obligación, si considera que se lesionan los derechos de su ciudad" de presentar "cuantos recursos considere oportuno", por lo que auguró que serán los tribunales quienes decidan quién lleva la razón en ese litigio.

El Consejo Consultivo de Andalucía anunció el pasado lunes que, a petición de la Consejería de Gobernación, ha elaborado un informe sobre la frontera de los términos municipales gaditanos de Rota y Chipiona, concluyendo que los límites establecidos por el acuerdo de ambos ayuntamientos el 7 de marzo de 1873 "siguen siendo válidos". Así, los juristas del Consejo estimaron que "Rota ha venido ejerciendo pacíficamente y de buena fe" sus competencias urbanísticas en un territorio que "no era suyo" dentro de la zona conocida como La Ballena.

Según explicó el Consejo Consultivo en un comunicado, el conflicto entre los dos municipios gaditanos limítrofes tiene su origen en septiembre de 2007, cuando el Pleno del Ayuntamiento chipionero decidió crear una comisión de deslinde e iniciar las gestiones para recuperar parte de un terreno en el que, en la práctica, venía ejerciendo funciones Rota.

Rota, tras expresar su desacuerdo, creó su propia comisión de deslinde y acudió al arbitraje de la Dirección General de Administración Local, que, tras consultar al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio y el Instituto Cartográfico de Andalucía, concluyó que no existen motivos para modificar la marca de separación legal existente.

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