"La ruptura de la aplicabilidad de las normas de competencia al sector agrario no está justificada", remarca la CNC en un informe sobre el sector realizado en respuesta a una solicitud de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados.

En relación con los precios, el organismo que preside Luis Berenguer subraya que la fijación de precios supone una "infracción grave" del derecho de la competencia y considera "especialmente grave" el establecimiento de precios mínimos por debajo del cual no se pueda ofertar o demandar.

La fijación de precios mínimos afecta "negativamente" a la eficiencia productiva, según sostiene la CNC, que además considera "dudosa" la eficacia de este tipo de acuerdos para asegurar una renta determinada a los agricultores.

Además, afirma que el establecimiento de índices de referencia puede dar lugar a restricciones a la competencia asimilables a la fijación de precios, por lo que "serán objeto de vigilancia exhaustiva por parte de las autoridades de competencia".

El organismo dependiente del Ministerio de Economía señala que recae sobre los productores agrarios, las asociaciones de productores y las organizaciones interprofesionales la responsabilidad de "autoevaluar" si, con sus conductas, pueden estar incurriendo en alguna práctica restrictiva de la competencia.

"La participación de los poderes públicos en acuerdos que faciliten, permitan o conduzcan a dichos comportamientos no modifica su condición de conductas prohibidas", advierte la CNC.

Tras señalar que determinados agentes públicos y privados están planteando "relajar o eximir" al sector agroalimentario de la aplicación de la normativa de competencia, la CNC defiende que el actual marco normativo debe seguir constituyendo la base jurídica sobre la que "vertebrar" la actividad del sector.

"Lo contrario no estaría justificado en atención a las características del funcionamiento del mercado en el sector agrario, resultaría discriminatorio con respecto a otras actividades y no sería eficaz para solucionar los problemas del sector", señala.

Perjuicio a los consumidores.

El informe indica que el logro de objetivos de interés público, como la seguridad alimenticia o la preservación del ámbito rural, a través de la fijación de precios mínimos o la garantía de rentas a los productores en condiciones contrarias a la competencia "resultaría desproporcionado en comparación con el perjuicio causado a los consumidores, que tendrían que enfrentarse a mayores precios".

Además, apunta que para superar los problemas de los productores agrícolas sin contravenir el marco regulatorio de defensa de la competencia existen instrumentos como el fomento del cooperativismo, la generalización de la contractualización formal de las relaciones entre productor y cliente y el establecimiento de códigos de conducta provistos de instrumentos que aseguren su adecuado cumplimiento.

"Los poderes públicos deben velar por que las iniciativas que desarrollen a estos efectos estén diseñadas de manera que no resulten restrictivas de la competencia", concluye la CNC.