El Gobierno anunció ayer que, tras el 7 de mayo, cuando acaban los tres meses para la regularización de inmigrantes, habrá medio millón de inspecciones para detectar a indocumentados. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo que habrá «tolerancia cero» con quien no legalice a sus empleados ahora y lo haga luego de forma irregular. Las zonas donde las peticiones hayan sido «demasiado pocas» serán «preferentes» para la inspección.

En los primeros 16 días del plazo ha habido 48.247 solicitudes de normalización, de las que han sido admitidas 47.310 (98,06%), un ritmo «superior al previsto». El Gobierno calculó en su día que serían regularizados 800.000.

Solicitudes por países

Ecuatorianos: 33,5%.

Colombianos : 15,8%.

Marroquíes: 13,2%.

Rumanos:  13,1%.

El 37% de las peticiones (17.929) corresponden a empleadas de hogar.

Asociaciones de inmigrantes denunciaron «muchos despidos» por la negativa del patrón a contratar y exigieron al Gobierno flexibilizar los requisitos del proceso.

Madrid, donde más

Madrid es la provincia y comunidad líder en solicitudes presentadas (15.479), seguida de Cataluña (8.248) y la Comunidad Valenciana (6.380). Al margen de Melilla (0) y Ceuta (2), Extremadura (171) y Cantabria (216) son las regiones con menos peticiones. En Madrid se da una circunstancia singular: 7.563 solicitudes son para empleadas de hogar y 7.916 para el resto de regímenes. En Cataluña son respectivamente 2.571 y 5.857, y en la Comunidad Valenciana, 2.345 y 4.035.

El vía crucis con final feliz de una boliviana

Un juez de Irún ha ordenado, en un auto pionero, que la Administración costee el regreso a España de una boliviana que fue expulsada el 16 de noviembre sin habérselo comunicado a su abogado. Llegó en abril para asistir a una boda y trabajó en un hogar que iba a contratarla. Si el letrado hubiera conocido la expulsión, habría pedido su suspensión, que se habría otorgado al cumplir los requisitos de regularización.