El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, destacó hoy que, actualmente, alrededor del 90 por ciento del Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía "está ejecutado o en ejecución", señalando que en los últimos ocho años se han realizado intervenciones en 48 edificios en toda Andalucía, pues concretamente se han construido 23 sedes de nueva planta; se ha acometido la rehabilitación y ampliación de diez inmuebles, y en 15 se han realizado obras de reforma "importantes".

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Pizarro puso de manifiesto que, en la actualidad, otras once actuaciones están en fase de ejecución avanzada, de las cuales siete son de nueva planta y cuatro corresponden a obras de reforma o rehabilitación integral, mientras que otras 23 están en fase de redacción de estudios o proyectos —19 de nueva planta y cuatro de reforma o rehabilitación integral—.

De este modo, el consejero del ramo destacó que, en los últimos años, se ha llevado a cabo un "amplio" programa de construcción de nuevas sedes judiciales y de rehabilitación y reforma de otras, "mejorando" sus accesos o la seguridad, añadiendo que las "prioridades" ahora son continuar con la construcción de las ciudades de la justicia y seguir adaptando los edificios existentes a esta nueva estructura de organización que implica la nueva Oficina Judicial.

Tras reconocer que el modelo actual de la Administración de Justicia "necesita una renovación estructural profunda, que pasa por el consenso de las fuerzas políticas, operadores jurídicos y de la sociedad", Pizarro puso de manifiesto que, desde el Gobierno central y desde la propia Junta de Andalucía, "se están dando los pasos para un nuevo modelo más acorde con las necesidades y demandas" de la ciudadanía.

"notable éxito" del plan de tardes

Asimismo, el responsable autonómico de Justicia dijo que, además de en infraestructuras judiciales, desde su departamento se han realizado actuaciones en otras dos grandes líneas, de tipo organizativo y en lo relativo a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la de impulso a las sedes judiciales.

Respecto a las medidas de tipo organizativo, Pizarro valoró el Plan de Respuesta Razonable, que entre otras medidas habilitó el Plan de Tardes, en cuya primera edición han participado 1.000 funcionarios y que ha permitido reducir el nivel de asuntos pendientes en un 30 por ciento, lo que Pizarro calificó de "notable éxito", citando también otros dos proyectos como el servicio común de ejecutorias y tribunal autonómico de arbitraje, dirigido a la resolución extrajudicial de conflictos.

Centrándose en las medidas de impulso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, el titular de Gobernación y Justicia consideró que se trata de un elemento "esencial y necesario" para la modernización de la Justicia, por lo que se continúa trabajando para lograr la interconexión de los sistemas judiciales entre sí —tanto los de la comunidad autónoma como de éstos con los del resto de España— y también para lograr un nuevo sistema de gestión procesal dotado de un expediente completamente digital.

Por otra parte, el consejero señaló que se continúan dotando a los juzgados de equipos informáticos y de comunicaciones, como lo demuestra el que casi todos los edificios judiciales de Andalucía cuenten con sistemas de grabación de vistas y todas las sedes judiciales tengan acceso a videoconferencias, pasando de 38 equipos en 2005 hasta los 238 actuales. Además, en la actualidad hay 11.000 ordenadores, un 47 por ciento más de los que había en 2002, así como 5.696 impresoras, un 76 por ciento de incremento, mientras que se han facilitado 432 portátiles.

Implantación progresiva del expediente digital

La actuación de la Consejería de Gobernación y Justicia también persigue la implantación progresiva del expediente digital, que "ya ha sido trazado" y que supondrá la reducción de la documentación en papel. En esta línea, a lo largo del pasado año 2009 se han digitalizado documentos de casos relevantes que han permitido su rápida consulta, mientras en paralelo se está elaborando un gestor de documentos que pueda utilizarse y ser compatible con el Sistema de Gestión Procesal Adriano.

Tras Pizarro, tomó la palabra el parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien se refirió a la "saturación" del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla y a la situación "insostenible" de los juzgados de lo Penal, recordando en este sentido el caso 'Mari Luz'. "Se están acumulando los casos, y seguramente se cometerán nuevos errores", apostilló.

Sánchez Gordillo también criticó el "atasco" en los juzgados de lo Mercantil y el aumento en el último año del 32 por ciento en la pendencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo, al tiempo que lamentó que no existan los mecanismos necesarios de cara a asegurar la vigilancia mínima a las mujeres víctimas de violencia de género.

Al hilo de ello, el parlamentario mostró su preocupación por el estado de los calabozos tanto policiales como judiciales, los cuales "han mejorado muy poco" en los últimos años, así como por el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, preguntando al consejero del ramo "cuánto dinero hay previsto para que se ponga en marcha" la referida oficina.

La justicia, "ESTANCADA"

Por su parte, el parlamentario del PP-A Carlos Rojas criticó que la Justicia en la región andaluza "sigue estancada", lamentando que en los 13 años que lleva Andalucía con las competencias de Justicia asumidas "se ha perdido un tiempo precioso y no se ha cumplido con el compromiso adquirido". "Ha aumentado la conflictividad jurisdiccional, pero también ha habido una relajación muy importante por parte de la Administración", abundó.

Rojas criticó que la Junta de Andalucía "no está dispuesta a liderar las mejoras y avances en Justicia", y mostró su preocupación por las "renuncias" de la Administración a las competencias en esta materia, tras lo que se refirió también a la situación de las ciudades de la Justicia.

En esta línea, dijo que estas ciudades de la Justicia "son el claro exponente" del "incumplimiento clamoroso" del Gobierno, pues, según dijo, el Plan de Infraestructuras Judiciales 2001-2009 "preveía que en 2009 estarían terminadas todas las ciudades de la Justicia, y únicamente se ha terminado la de Málaga". Rojas también pidió que el expediente digital se extienda a todos los juzgados "para acabar con el papel y, así, empezar de verdad la modernización" de la Justicia.

Sobre este particular, Luis Pizarro destacó que la Ciudad de la Justicia de Málaga "es una realidad y un magnífico edificio", mientras que la de Almería funcionará antes de concluir el presente año 2010.