El Parlament aprobó hoy con el asentimiento de todos los grupos el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Baleares, conocido como Decreto Nadal, después de que su modificación fuera pactada por todos los grupos el pasado 27 de mayo en la Ponencia de la Comisión de Economía, con el fin de ampliar de ocho meses a dos años el plazo para que los establecimientos puedan legalizar las plazas turísticas alegales.

Así, los cambios introducidos en el Decreto Nadal, aprobado inicialmente por el Govern el 31 de enero de 2009, permitirán ampliar y simplificar los trámites para la regularización de las plazas turísticas y dar prioridad absoluta a la industria turística frente a la residencial.

Asimismo, potenciará las reformas integrales, incluidas las estructurales, para lo cual se ampliará la reconversión a demoliciones y reconstrucciones parciales o totales a todos los edificios destinados a la explotación de alojamientos turísticos. Además, se facilitará que los edificios inadecuados opten a reformarse y se adecuen.

De este modo, los empresarios deberán aportar un plan de responsabilidad social que plasme su compromiso por la calidad y por el entorno, mientras que aquellos que opten por la demolición de sus establecimientos deberán cumplir unos parámetros de calidad que tendrán todos los edificios reformados.

Con la reforma integral, los propietarios o titulares de los establecimientos estarán obligados a abonar al ayuntamiento el 5 por ciento del valor del presupuesto de ejecución material de la parte que excede el planeamiento vigente, que se destinará obligatoriamente a la mejora de las zonas turísticas y del entorno.

Mediante esta Ley, el Govern también se compromete a agilizar al máximo la resolución de licencias, de manera que pasados los dos meses desde la fecha de la solicitud de autorización se considerará otorgada la licencia si no ha habido respuesta por parte de la administración.

Los objetivos del Ejecutivo balear con la aprobación de esta Ley son "incentivar la inversión de los empresarios en la mejora de los establecimientos hoteleros para ganar en competitividad, ofrecer un mejor servicio, alargar la temporada, así como para potenciar la ocupación en las islas".

Minutos antes de que se aprobara la Ley, la consellera de Turismo y Trabajo, Joana Barceló, recalcó que la normativa recoge las aportaciones de todos los grupos lo que la convierte en una herramienta "efectiva para impulsar la inversión en Baleares, tanto la pública, como la privada, así como para lograr la agilización administrativa, especialmente, a la hora de obtener la declaración de interés autonómico o insular".

"Esta ley facilitará la implantación de nuevas actividades profesionales e impulsará la actividad turística para que continúe siendo el motor sólido de nuestra economía y productividad", sostuvo Barceló, quien resaltó que la normativa da una prioridad "clara" a la reforma integral de los establecimientos para que puedan mejorar su competitividad incrementando su ocupación y luchando contra la estabilidad "siempre desde el compromiso con la responsabilidad del entorno".

La ley con la tramitación "más lenta"

Por su parte, la parlamentaria del PP Assumpta Vinent criticó que la tramitación de esta Ley ha sido la "más lenta de todas las legislaturas", tras haberse prolongado durante un año y medio, debido a que ha sido un debate "muy intenso, largo y complejo, dado que en tres años ha habido cuatro consellers de Turismo, lo que supone un récord Guiness sin precedentes".

Por ello, consideró que su tramitación debería haber sido "más ágil", por lo que esperó que "no se vuelva a repetir esta lentitud a la hora de aprobar leyes", ya que "la actividad del Parlament no puede vivir con dependencia a las contingencias del Govern, sino todo lo contrario".

En cuanto a las 27 enmiendas parciales que presentó el PP al Decreto Nadal, detalló que una de ellas fue aprobada por unanimidad, mientras que 11 fueron transaccionadas y 15 retiradas, lo que, según subrayó, pone de manifiesto que su partido ha "cedido y ha prevalecido el interés general por encima del particular" para alcanzar un consenso entorno a una Ley "práctica y valiente para afrontar los retos tan difíciles de la economía".

El portavoz de UM, Josep Melià, aseveró que esta Ley ha supuesto un "cambio de chip", debido a que es una medida "valiente", que afrontar la regularización de las plazas alegales, algo que, según criticó, "era una cuestión que veníamos arrastrando desde hace años y que nadie se atrevía a afrontarla".

Además, destacó que la nueva normativa pretende "agilizar los trámites y los procedimientos administrativos", al tiempo que resuelve los problemas urbanísticos que "imposibilitaban la modernización y la mejora" de los establecimientos turísticos.

"Sin en el Decreto Nadal original no había una respuesta práctica a todas las problemáticas que había, era porque había resistencias de determinados grupos y entidades sociales, que han sido resueltas durante la tramitación parlamentaria de esta normativa", concluyó Melià.

"favorecer la industria turística"

Por otro lado, el portavoz del Bloc, Biel Barceló, consideró que con la aprobación de esta Ley se podrá "favorecer la industria turística" y se pondrá fin a anteriores modelos en los que se impulsó el turismo residencial, que representó un "porcentaje muy importante" de toda la oferta existente provocando un "boom de la construcción".

En este sentido, Barceló celebró la decisión de UM y del PP de retirar la enmienda presentada al Decreto Nadal para permitir la construcción del campo de golf de Son Baco, ya que, según reprobó, este proyecto representaba un modelo "obsoleto y consumidor de territorio".

Finalmente, el diputado del PSIB Joan Boned remarcó que pese a las "discrepancias" que ha habido en los últimos meses de tramitación de esta normativa entre todos los grupos, "no se ha dejado en ningún momento de negociar por parte de los grupos sobre cuestiones puntuales".