Un fax y una factura aportadas por Antonio Pardal, socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, a la Policía Judicial, quien las ha elevado a su vez al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, refuerzan la tesis de que a Larena se le habría ofrecido la concesión de una ITV que se iba a instalar supuestamente en los propios terrenos de Mercasevilla a cambio de resolver el contrato sobre el derecho de superficie firmado el 14 de octubre de 2003, terrenos que finalmente fueron subrogados a Sanma.

En el fax, fechado el 4 de marzo de 2004 y al que ha tenido acceso Europa Press, el entonces director general de Larena 98 en Sevilla, Manuel Sola Sanabria, le comunica a Ernesto de la Torre, directivo de la empresa en Madrid, que "en conversación" con los imputados en esta causa Fernando Mellet y Daniel Ponce "referida" a la ITV, "me presentan facturas de las firmas Ripollés —del plan de viabilidad— y del bufete de J. María Rueda —dictamen jurídico—, que han de ser pagadas por Mercasevilla pero con fondos de Larena 98, según convinieron con Don Antonio".

En este sentido, Manuel Sola Sanabria añade que "la fórmula que se me ocurre para hacerlo es que Mercasevilla nos pase una factura por instalación de vallas publicitarias —quieren un talón para "ayer"—", a lo que "les he comentado que la fórmula de hacerlo y cuándo se puede pagar tendría que consultarlo contigo", agregando que las facturas "las tiene" Daniel Ponce.

En el fax, Sola Sanabria precisa el detalle de las facturas, señalando que el importe por el estudio de viabilidad ascendería a 10.198,72 euros y el relativo al estudio jurídico se elevaría a 4.403,60 euros, haciendo un total, con la suma del IVA, de 16.938,69 euros. Tras ello, la Policía Judicial ha elevado también al Juzgado instructor la factura de 16.938,69 euros abonada por Larena 98 a Mercasevilla en concepto de "prestación de servicios, colocación de vallas publicitarias".

Sola sanabria reconoce el fax

Tanto el fax como la factura motivaron que la Policía Judicial tomara declaración a Manuel Sola Sanabria, quien reconoció el fax "como propio", reconociendo también la firma plasmada en el mismo, aunque dijo no recordar esa situación e hizo constar que él "no tomaba ningún tipo de decisión y que, en todo caso, debió de recibir instrucción de Ernesto de la Torre desde Madrid".

Según el acta de su declaración, consultada por Europa Press, Sola Sanabria relata que fue a mediados de 2004 cuando recibió una llamada de Antonio Pardal, tras lo que se trasladó al despacho de Larena 98 en Madrid para una reunión en la que Pardal le expuso su deseo de establecer su negocio en Andalucía, ofreciéndole el puesto de director general, siendo su cometido el de "montaje y financiación de toda la promoción que tenía proyectada construir Larena en los terrenos de Mercasevilla y la labor comercial posterior".

Al hilo de ello, Sola Sanabria, que aceptó el ofrecimiento, relata que Pardal le mostró un contrato de concesión de derechos de superficie y cesión temporal de uso y explotación suscrito con el merca el 14 de octubre de 2003, un contrato para alquilar unos terrenos dentro del merca y construir en ellos unas naves comerciales para alquilarlas posteriormente.

"problemas" para encontrar financiación

Tras indicar los "problemas" que encontró para hallar financiación con la que poder acometer las labores de construcción de las naves proyectadas, lo que se "agravó" por cuestiones técnicas como la falta de luz o la necesidad de soterrar unos cables de alta tensión, Sola Sanabria señala que, pasados unos meses, Pardal lo llamó para informarle de que "se está planteando la posibilidad de dejar de pagar el canon superficiario y rescindir su contrato de superficie", a lo que le contestó que "tenía dos vías, o ir directamente a los juzgados o negociar una salida ventajosa o por lo menos que no resultara perjudicial".

Así, añade que, tras una reunión en la Delegación de Urbanismo, consideró que, "desde un punto de vista comercial y dado que en Urbanismo le hablaron de un próximo traslado de Mercasevilla en unos cinco o seis años, no vio rentable construir unas naves comerciales para su alquiler, dado que se necesitan de 15 a 20 años para amortizar esta inversión", algo que le hizo saber a Pardal.

Tras ello, presentó su dimisión como director general de Larena 98, y una vez cesado en su puesto se enteró por el abogado contratado por Pardal para interponer la demanda, y por el propio Pardal, de que, "por un lado, se había llegado a un acuerdo, y por otro se había interpuesto una demanda judicial", añadiendo que, durante el tiempo en que ejerció su cargo, Pardal "le encomendó diversas funciones, entre ellas asesorarle sobre las posibilidades de implantar una estación de ITV". ITV

Según agrega, "esto lo resolvió casi inmediatamente, pues, al consultar en Internet por las ITVs, comprobó que había una norma de reciente aparición en la que se establecía que todas las estaciones de ITV que estuviesen en manos privadas pasarían a ser de titularidad pública en el plazo de un año", al tiempo que dice desconocer que a Pardal "le hubiesen propuesto este negocio en Sevilla".

De igual modo, y preguntado por la Policía Judicial "para que diga si, además de consultar en Internet sobre las posibilidades de negocio de las ITVs, realizó o encomendó a otras personas realizar un estudio sobre su posible implantación en los terrenos de Mercasevilla", asevera que "no, que no le suena esto de nada".

En su declaración como testigo ante la juez de Instrucción número 6, Antonio Pardal señaló que Mellet, Ponce y un directivo de la Junta de Andalucía le propusieron la concesión de una ITV que se iba a instalar en los propios terrenos del merca objetos del derecho de superficie, una solución que a Pardal le pareció que "tenía que estudiar", por lo que Mellet y Ponce realizaron los informes necesarios para determinar la viabilidad del negocio, unos informes que le generaron unos gastos de 800.000 pesetas.