La Fiscalía, que pedía un año de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público, sostenía que concedió a un particular y a sus hermanos un permiso de obras que "contravenía frontalmente" la norma urbanística vigente y "a sabiendas" de la ilegalidad, ya que el suelo afectado por la obra estaba calificado como no urbanizable.

Tras el juicio, Aranda dijo confiar en la justicia y aseguró que se había "visto claro que yo no he hecho las cosas con intencionalidad, ni mal, se ha hecho lo que la ley dice", aunque argumentó que "lo que pasa es que la Junta de Andalucía tiene un criterio, el ministerio fiscal y nosotros otros".((

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