Fernández afirmó que "hay personas para quienes la crisis económica no es la mayor de sus preocupaciones, y que esperan de sus políticos que legislen sobre aquello que marca su vida y que condiciona su futuro", por lo que justificó que su grupo "siga proponiendo políticas que amplíen el horizonte de nuestros derechos ciudadanos en La Rioja".

En esta línea, explicó que el PSOE "ha presentado en el registro del Parlamento de La Rioja una Proposición de Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en la Comunidad Autónoma de La Rioja".

"Una vez más, queremos desarrollar derechos sociales y mejorar la vida de las personas de nuestra región que aún esperan cosas importantes de sus políticos, la crisis económica no nos puede apartar de solucionar las crisis de falta de derechos básicos de una parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas", añadió.

Incidió que, con esta propuesta, se pretende la adaptación a varios principios de la ONU, a la Constitución Española e incluso al Estatuto de Autonomía de La Rioja, "que proclama en su artículo 7.2, la obligación constitucional de remover obstáculos para alcanzar la igualdad entre las personas".

Para Fernández, "hemos planteado una ley de carácter integral porque va dirigida no sólo a la lucha contra la transfobia social, sino a la plena integración de las mujeres y hombres transexuales, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos en el ámbito laboral, sanitario o educativo, entre otros".

Detalló la diputada socialista que la ley "en la línea establecida en la legislación desarrollada en otras Comunidades Autónomas, como la aprobada en la comunidad Foral Navarra y la que se ha presentado recientemente por el Grupo Parlamentario Socialista en Madrid", se estructura en un Título Preliminar y cuatro Títulos.

El Título Preliminar determina, en primer lugar, el objeto de la Ley que "es garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir de la Comunidad Autónoma de La Rioja una atención integral y adecuada a sus necesidades en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y la garantía de no discriminación por motivos de identidad de género".

El Título Primero regula "la atención sanitaria a las personas transexuales por parte del Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud que proporcionará los tratamientos y diagnósticos presentes en la Ley".

También plantea la creación de una unidad de gestión clínica en materia de transexualidad coordinada con la unidad de referencia estatal y la elaboración de guías clínicas, guías de recomendaciones y protocolos médicos. En este sentido, señaló que se incluiría el pago de las operaciones de cambio de sexo.

El Título Segundo regula la atención a las personas transexuales en el ámbito laboral, "e impide que se discrimine laboralmente a las personas por el hecho de ser transexuales y plantea que el Servicio Riojano de Empleo incluya en sus políticas y planes de actuación, acciones positivas para mejorar la empleabilidad de las personas transexuales".

El Título Tercero regula la atención social a las personas transexuales "con medidas contra la transfobia y medidas específicas a las mujeres transexuales triplemente discriminadas, medidas para la inserción de personas transexuales especialmente de las que estén en situación de riesgo o exclusión social".

El Título Cuarto, por último, establece "otras medidas de atención a las personas transexuales tanto en el sistema educativo desde la formación del alumnado como del personal docente, servicios de asesoramiento y apoyo de las personas transexuales y de sus familiares, apoyo a las personas transexuales mayores y finalmente medidas en las administraciones públicas de La Rioja".

"No podemos dejar de poner las herramientas que hagan de nuestra sociedad una sociedad plenamente integradora donde la segregación por motivos de identidad sexual deje de ser algo tenido como normal a ser repudiado, donde el desarrollo en sociedad no dependa de si somos hombre o mujer y donde la libertad de decisión individual sea un derecho reconocido por Ley y no un capricho del Gobierno regional de turno", finalizó.