La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, aseguró hoy que el Gobierno de Navarra tiene la intención de realizar, después de finalizar "todos los trámites administrativos necesarios", una consulta entre todos los propietarios afectados por el proyecto de regadío en Tierra Estella que plantea el Ejecutivo foral, y al que se oponen varios agricultores de la zona.

En caso de que los afectados rechacen la iniciativa, "no habrá inversión", recalcó la consejera, quien defendió en todo momento que la intención del Gobierno de UPN "no es imponer absolutamente nada", sino esperar a que culminen "todos los trámites administrativos" y que se conozca "el coste" del proyecto, para después "preguntar propietario a propietario" si quieren que se ponga en marcha.

Sanzberro, que compareció esta mañana en comisión parlamentaria, a petición de Nafarroa Bai, para explicar este proyecto, recordó que la iniciativa de poner en regadío 8.000 nuevas hectáreas en Tierra Estella, "no ha nacido de la chistera del Ejecutivo", sino que "responde a la solicitud realizada por los ayuntamientos de la zona y a una propuesta parlamentaria", de hace 10 años, que se recogió en el Plan Navarra 2012.

Según explicó la consejera, en mayo de 2010 ya se ha finalizado el estudio de impacto ambiental del proyecto, aunque el PSIS está a la espera de que se concluya el IAE, y el anteproyecto constructivo modificado. Además, señaló, es "preceptivo" que se realice el estudio de viabilidad económica-finaciera, redactado desde 2009, y sea efectuado un chequeo del mercado.

Después de culminar todas estas tramitaciones "complejas", que requieren del concurso de varias administraciones, el Gobierno de Navarra, aseguró Sanzberro, preguntará a todos los propietarios afectados de la zona, así como a las entidades locales, su opinión sobre este nuevo regadío "caro" para la Administración, pero que "fue reclamado por los propios ayuntamientos".

"Antes de empezar el proyecto de ejecución de la iniciativa preguntaremos a todos los propietarios de la zona. La intención del Gobierno de Navarra no es imponer absolutamente nada y nunca se va a hacer nada sin preguntar", insistió la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Los grupos

Todos los grupos parlamentarios se mostraron a favor de realizar una consulta para saber la opinión de los propietarios afectados por este proyecto, que aunque fue reclamado por los Ayuntamientos de la zona hace 10 años, dado "el cambio" de las circunstancias económicas, y la crisis, puede que "ya no sea necesario".

El parlamentario de Nafarroa Bai Txentxo Jiménez criticó la política de regadío puesta en marcha por el Ejecutivo navarro y lamentó que el Gobierno "pretende gastar 135 millones de euros en este proyecto opuesto y contrario a los propietarios" de la zona.

Por ello, consideró "prudente y responsable" que el Gobierno "opte por una salida digna" y "haga una pregunta de una forma limpia y clara" para cuantificar los resultados, que "será que no", y después retire este proyecto que "está generando bastante preocupación entre los agricultores" de Tierra Estella.

Desde PSN, María Gracia Iribarren destacó que el PSN "siempre ha estado a favor de la modernización de la agricultura y los regadíos", pero defendió que "su impulso se debe hacer desde la viabilidad y el sentido común". Así, aconsejó a la consejera "parar a ver que se hace con este proyecto", al ser "fundamental" saber "para qué, cómo y cuánto va a costar" poner estas 8.000 hectáreas de regadío.

Por parte de CDN, José Andrés Burguete, valoró "la postura responsable y razonable" de la consejera, ya que, "hay incertidumbres que son claves para saber si el proyecto es viable". En su opinión, "falta por saber cuestiones muy importantes" de este proyecto, "no sólo la opinión de los afectados, sino también el estudio de viabilidad económica".

Finalmente, Ion Erro, de IUN, se preguntó "si la tardanza político-administrativa" de desarrollar esta nueva zona de regadío, que fue reclamada por los ayuntamientos hace 10 años, "ha sido la causa del problema y de la conflictividad de hoy en día" en torno a este proyecto que "no sabemos cuánto nos ha costado hasta ahora".