La Fiscalía defiende su "participación activa" en la investigación judicial en Castro Urdiales

Teresa Calvo reitera que la Fiscalía no tiene "ninguna opinión" sobre los derribos porque es un tema administrativo y no penal

La Fiscal Superior de Cantabria, María Teresa Calvo, defendió hoy la "participación activa" del Ministerio Público en las distintas investigaciones judiciales que se siguen en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

En la actualidad, el Juzgado de Instrucción y Primera instancia número 2 de Castro investiga varias causas por delitos relacionados con el urbanismo contra el alcalde, el ex regionalista Fernando Muguruza, distintos miembros de esta y otras corporaciones, así como funcionarios y empresarios.

La intervención de la Fiscalía en estos procedimientos es de una participación "plena y absoluta", según subrayó su representante, quien recordó, a preguntas de los medios, que el Ministerio Público ha formulado acusación en distintas causas, en las que ya se está sólo pendiente de la apertura del juicio oral.

En el caso de las sentencias de derribo que afectan a urbanizaciones en municipios costeros de Cantabria, Teresa Calvo precisó que no tiene "ninguna opinión" sobre el asunto ni sobre las medidas en que se trabaja para resolver este problema.

La Fiscal Superior aclaró que este organismo no interviene en este asunto, pues la ley fija su acción para procedimientos penales y estos corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa, al ser "irregularidades administrativas".

Por tanto, la ley no "permite" ni "prevé" que la Fiscalía actúe en estos casos a iniciativa propia, en los que no tiene "la más mínima intervención" siendo las partes las que tienen que poner los hechos en conocimiento de los jueces.

Calvo defendió, a preguntas de la prensa, que la Fiscalía sí ha abierto diligencias de oficio en materia de medio ambiente y urbanismo.

Incremento de las investigaciones

En este campo, durante 2009, según los datos de la Memoria del Ministerio Público difundidos por la Fiscal Superior, se incoaron 32 diligencias de investigación, bien por iniciativa de grupos, particulares o de este organismo.

Esta cifra supone un 25% más que las 25 que se practicaron en 2008. De las 32, un total de 13 fueron por delitos contra el medio ambiente y nueve contra la ordenación del territorio, lo que dio lugar a la presentación de cinco denuncias ante el órgano judicial.

La Fiscal Superior consideró que este incremento se debe a una "mayor concienciación social" tanto de ciudadanos como de organizaciones por las cuestiones que afectan al medio ambiente.

La mayoría de las denuncias en ordenación del territorio durante 2009 fueron por la construcción de viviendas en suelo rústico sin la licencia correspondiente, en un cambio respecto al año anterior, cuando predominaban las reclamaciones por irregularidades administrativas relacionadas con la construcción de carreteras.

En el caso de medio ambiente, los hechos que más se denunciaron fueron la existencia de vertidos.

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