En su escrito de conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público relata que la procesada, Ainhoa Ortiz, "se negó" a retirar las fotos cuando agentes de la Guardia Civil se presentaron, el 4 de agosto de 2009 en el Bar Ezpala de la capital navarra, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, para retirar las imágenes.
Carballo afirma que Ortiz se presentó como responsable del local y, pese a que los agentes del Instituto armado le advirtieron de que podría cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo, no quiso proceder a la retirada. Según el fiscal, las fotos eran de "cuatro vecinos del barrio encarcelados por kale borroka o lucha callejera dependiente de la banda terrorista ETA".
Además de estas fotografías, en la máquina expendedora de tabaco del bar también había "varias fotos de personas relacionadas con actividades de kale borroka" y detrás se hallaba una talla homenaje a los presos de ETA con el anagrama de la organización ilegalizada Askatuna.
Según el fiscal, el bar se utilizaba para la realización de actividades relacionadas con los presos de ETA "bajo la cobertura de supuestas actividades culturales", tales como concentraciones de recibimiento a presos, como las que se hicieron el 30 de enero de 2009 a varias personas implicadas en actos de kale borroka tras su puesta en libertad y otra el 13 de mayo de ese año frente a la puerta del bar.
La audiencia nacional no cerro el bar
Tras los incidentes del bar Ezpala el fiscal solicitó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que decretara el cierre del local, pero el magistrado rechazó tomar esta medida, ya que el dueño y la camarera aseguraron en su declaración en el juzgado que habían retirado las fotos de manera voluntaria y consciente.
No obstante, Velasco mantuvo la imputación por un presunto delito de enaltecimiento contra Oriz y contra el dueño del bar, Antonio Echarlecu, para quien el juez archivó posteriormente el procedimiento.
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