En su iniciativa, Arana propone que el Parlamento vasco declare que el empleo público en Euskadi es "una de las garantías fundamentales del funcionamiento y fortalecimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad, así como de nuestro nivel de bienestar, justicia y riqueza".

Arana fundamenta su iniciativa en que, en los últimos tiempos, hay "una campaña orquestada" contra la Administración pública por gestión indirecta (organismos autónomos, entes públicos empresariales, empresas públicas, empresas de capital mixto, fundaciones públicas, consorcios, agencias, institutos, etcétera).

Según explica, como la Hacienda Pública se ha endeudado en los últimos meses "en exceso" para ayudar a los bancos y cajas a "no hundirse como consecuencia de sus movimientos codiciosos y especulativos", ahora los rescatados con fondos públicos "nos prescriben austeridad a los que les hemos rescatado".

Por ese motivo, indica que el lehendakari, Patxi López, ha anunciado "su intención de destruir empleo" en la Administración vasca, a través de la reducción de contratos y la amortización de plazas, mientras el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha propuesto "incluso reducir el sector público vasco a la mitad".

Por el contrario, Arana rechaza que se "culpabilice" a los empleados públicos de esta situación cuando se trata de un colectivo humano que "da servicio al conjunto de nuestra sociedad en áreas tan importantes como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, el transporte, las comunicaciones, esto es, en todos los sectores que hacen posible que las y los ciudadanos disfruten los derechos sociales consagrados en la Constitución".

Por último, entiende que sea necesario mejorar la eficacia y eficiencia del sector público, pero agrega que ese proceso de mejora constante "nada tiene que ver con considerar al sector público vasco excesivamente grande y necesitado de recortes".