Según explicaron desde la Benemérita en un comunicado, la investigación se inició a raíz del hallazgo, la noche del pasado día 6, de cinco personas que se encontraban quemando cable eléctrico en una parcela de propiedad particular.

Estos individuos manifestaron haber extraído el cable de una antigua fábrica abandonada, con permiso verbal de una empresa dedicada a la demolición y desescombro, y que para ello habían alquilado una máquina de extracción y un camión.

Los agentes decidieron inmovilizar todo el cableado hasta comprobar los hechos, procediendo, además, a interponer una denuncia por quema de residuos y contaminación atmosférica.

En el transcurso de las investigaciones los agentes corroboraron que no existía autorización alguna, ni verbal ni por escrito, para la extracción del cable, comprobando que ésta última había sido solicitada por los cinco individuos días después de haber sido sorprendidos por los agentes, siéndole denegada por la empresa de demolición.

Puestos los hechos en conocimiento de los propietarios de los terrenos de la antigua fábrica, éstos interpusieron la correspondiente denuncia por el robo de unos 3.000 kilos de cable eléctrico, tras lo que los implicados fueron localizados, imputándoles como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

De los 3.000 kilos de cobre robado, se recuperaron unos 2.000. Tanto los imputados como el material incautado fueron puestos a disposición judicial.