El Ayuntamiento de Pamplona lamentó hoy "la vinculación realizada por SOS Racismo con una actuación racista", en referencia a la agresión de policías municipales a un inmigrante en dependencias de este Cuerpo en el barrio de San Juan, que fue grabada por las cámaras de seguridad y dada a conocer ayer por Sos Racismo.

Asimismo, el Consistorio lamentó en un comunicado "la presentación de un fragmento del vídeo y la versión del denunciante en lugar de toda la documentación enviada por el Ayuntamiento de Pamplona al juzgado".

Por otra parte, el Ayuntamiento indicó que "el comisario de guardia de la Policía Municipal conoció el mismo día, por el conducto interno reglamentario, una posible actuación fuera del protocolo durante la detención realizada el 12 de septiembre". A continuación, según el Consistorio, la transmitió al jefe de la Policía Municipal quien, en ese mismo momento, ordenó al Grupo de Control y Auditorías la apertura de un expediente informativo interno sobre lo sucedido.

El desarrollo de los hechos fue explicado esta mañana por la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Ana Elizalde, quien convocó a la Comisión de Presidencia y Cuentas con carácter urgente y extraordinario por iniciativa propia, ante la denuncia realizada ayer por SOS Racismo en rueda de prensa.

Según el Ayuntamiento, el Grupo de Control y Auditorías finalizó la investigación el 2 de octubre de 2009 y el día 13 del mismo mes el jefe de la Policía Municipal inició expediente disciplinario a dos policías que habían participado en la detención.

Posteriormente, el 15 de octubre, la Policía Municipal tuvo conocimiento, vía fax, de que se habían abierto diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 3 por una denuncia presentada por una persona que había sido detenida por este Cuerpo. Por esta razón, el 16 de octubre se suspendió temporalmente el expediente hasta que se produjese la resolución judicial, informó el Consistorio.

Además, destacó que durante el procedimiento, el Ayuntamiento de Pamplona facilitó al juzgado una copia de las grabaciones de videovigilancia; todo el expediente de asuntos internos; el atestado instruido por Policía Municipal; la identificación de todos los agentes intervinientes; copia del libro de detenidos e informes sobre el traslado al centro médico del detenido. 33 CÁMARAS

Por otra parte, el Ayuntamiento destacó que las imágenes difundidas ayer pertenecen al sistema de grabación de 33 cámaras que instaló Policía Municipal de forma voluntaria en todas las dependencias a las que accede el público, incluidas las zonas de tránsito de los detenidos, con el objeto de garantizar la salvaguarda y los derechos de estos últimos.

En este caso concreto, "las grabaciones pudieron ser entregadas al juzgado ya que se habían mantenido más de 20 días sin ser regrabadas por haberse abierto un expediente informativo interno".

Asimismo, señaló que "la Policía Municipal cuenta con un procedimiento de actuación ya establecido para casos en los que puedan apreciarse actuaciones irregulares o que no se ajustan al rigor profesional". "El Grupo de Control y Auditorías, creado en 2008 por iniciativa del área de Seguridad Ciudadana, es el órgano encargado de las propuestas de sanciones disciplinarias", indicó.

De hecho, señaló el Ayuntamiento, la Policía Municipal tiene estructurado "un dispositivo que logra que ninguna actuación que se pueda presumir irregular se escape al control y, si procede, posterior sanción".

En este sentido, se contempla que "si un procedimiento judicial finaliza condenando por un delito a algún policía, el Ayuntamiento abre un expediente sancionador y aunque el juzgado considere que no ha habido acto ilícito penal, el Consistorio continúa con el expediente sancionador abierto", concluyó.