Fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press explicaron que desde el 1 de marzo de 2007 la acusada, Y.G.M., pasó a ser la titular de este negocio, que fue denunciado por "continuas molestias" debido al ruido que aseguraba sufrir una familia de una vivienda contigua, tal y como adelantó Diario Ideal.

De este modo, a las 00,03 horas del 20 febrero del año pasado un equipo del Seprona midió los decibelios y comprobó que superaban los niveles máximos permitidos así como que el aparato no tenía precinto. Por todos estos hechos, los cuatro miembros de la familia denunciante han padecido ansiedad y han requerido tratamiento.

Así las cosas, el fiscal formula acusación por un delito contra el medio ambiente por el que pide dos años y siete meses de prisión, una multa de unos 6.000 euros y el cierre del local por tres años; y por cuatro delitos de lesiones seis meses de cárcel por cada uno.