Salvo en el caso de los empleados domésticos que trabajan en varios domicilios, en este proceso, que concluirá el 7 de mayo, son los empleadores y empresarios quienes presentan las peticiones para regularizar a sus trabajadores extranjeros.

El ministro, que ofreció una conferencia de prensa para hacer balance de los primeros días del proceso, se mostró satisfecho porque se desarrolla de forma ordenada "por encima de nuestras previsiones", y auguró que el número final de solicitudes será "muy numeroso".

Solicitudes por comunidades
Casi el 63% de los expedientes se han presentado en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que, por ejemplo, en Melilla no se ha registrado ninguna petición y en Ceuta sólo dos.

Caldera destacó que cada semana aumentan "notablemente" los expedientes presentados: de las 1.800 solicitudes que se registraron de media diaria en la primera semana, se pasó en la segunda a 4.700 y en esta tercera a 7.700.

Solicitudes por nacionalidades
Por nacionalidades, el grupo más numeroso de solicitudes corresponde a ecuatorianos (13.431), colombianos (6.350), marroquíes (5.756) y rumanos (5.242), una distribución que se corresponde con la composición de la población inmigrante regular en España. Continúan en esa clasificación los ciudadanos de Bulgaria (1.947), Argentina (1.049), Ucrania (881), Uruguay (508), Bolivia (477) y China (415).

El sector doméstico, el que reúne más solicitudes
Destaca la importancia del sector doméstico, ya que el 23,53% de las solicitudes corresponden a cabezas de familia que emplean a una persona en el hogar y el 13,63 a empleados del hogar que trabajan en varios domicilios; en Madrid este sector supone casi el 50% de los expedientes.

Caldera subrayó también la "extraordinaria eficacia" en la gestión de solicitudes, ya que se ha admitido el 98% de las peticiones, un 1,57% está pendiente de algún certificado y sólo el 0,38% ha sido "inadmitido", principalmente por faltar el certificado de empadronamiento o de penales.

Agradeció en este contexto el esfuerzo de los funcionarios, los empresarios y los propios inmigrantes y animó a los empleadores a aprovechar estos tres meses para regularizar la situación de sus trabajadores, ya que después habrá "tolerancia cero" por parte de la Inspección de Trabajo.

Las zonas en donde el número de peticiones de regularización sea demasiado bajo, y "todos sabemos" donde hay empleo ilegal, añadió Caldera, serán "zonas preferentes" para la Inspección.

Denunciar las irregularidades  
Respecto a las críticas de ONG y sindicatos sobre la actitud de ciertos empresarios que despiden a sus trabajadores irregulares cuando éstos piden participar en el proceso o les obligan a pagarse la Seguridad Social, Caldera instó a que se denuncien todos los casos porque "se investigarán de inmediato y se sancionarán oportunamente", aunque opinó que son "minoritarios".

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