Tendrá aplicación durante 2010 y 2011, y liberará a los licitadores de aportar una cantidad que se cifra por la Administración autonómica en 60 millones de euros, aunque las cifras de ahorro para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de la provincia casi triplica la cantidad de la Administración.

Así, la CEM calificó de "muy considerable" el ahorro, ya que además, se contempla en la totalidad de las Administraciones Públicas, tanto central como autonómica y local, teniendo en cuenta los 101 ayuntamientos malagueños.

La iniciativa, propuesta por la CEM en colaboración con su homóloga a nivel regional, en noviembre de 2009, facilitará a las empresas optar a concursos públicos en el actual contexto de "grave" crisis económica.

El depósito dinerario exigido, que puede superar el tres por ciento del presupuesto de licitación, es un requisito potestativo fijado por la ley de Contratos del Sector Público para que las empresas puedan presentar sus ofertas, pero el requisito no podrá ser nunca obligatorio.

La CEM entiende, según indicó en un comunicado, que serán las garantías definitivas las llamadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones empresariales, no las garantías provisionales, ya que el capital que se inmoviliza indefinidamente por las Administraciones lo hace "sin razón suficiente".

Las garantías provisionales están obligando a muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos a tener una dependencia mayor, si cabe, de las entidades financieras, suponiendo un mayor coste añadido.

La CEM consideró que la medida aprobada por el Consejo de Gobierno autonómico responde a una demanda de las pymes y autónomos de Málaga que beneficiará al conjunto del mundo empresarial de Andalucía. Así, las demandas recogidas por la CEM y la CEA y "ampliamente justificada en este momento económico en el que la financiación de las actividades empresariales, de la que depende la supervivencia empresarial, es clave para la recuperación económica".