En una nota, Cepes-A señaló que las medidas en general son "inexcusables" pero junto a las medidas tomadas también son "precisas" otras acciones que orienten una salida a la "profunda" crisis, que por otra parte "no sólo es económica sino que también afecta a la confianza e ilusiones de una mayoría".

Cepes-A detalló que las medidas presentadas por Griñán giran en torno a tres ejes: optimizar los ingresos mediante la mejora de la recaudación y la aplicación de la progresividad fiscal; reducir el gasto público y reestructurar el sector público.

La optimización de los ingresos mediante la subida de determinados tramos del IRPF autonómico se puede mostrar como "necesario" si con ello se obtiene la percepción generalizada de equidad en el reparto de la carga de la crisis, es decir de "justicia distributiva", apuntó Cepes-A.

En este sentido, apuntó que la percepción social dominante "no debe de ser la de injusticia en el reparto del esfuerzo colectivo, pues afectaría la eficacia de esta medida" y que podría "bloquear otras acciones necesarias para salir bien de la crisis".

Asimismo, indicó que junto a esta medida, se deben aplicar otras de "más difícil" puesta en marcha, pero "imprescindibles". Tal es el caso de una política decidida de lucha contra el "enorme" fraude fiscal, una lucha contra la economía sumergida y una más "profunda y eficiente" reforma del sistema tributario.

Por otra parte considero "precisos" el incremento de los ingresos a través de la creación de nuevos impuestos: céntimo sanitario, sobre las bolsas de plástico o los incrementos que experimentan el tramo autonómico sobre ciertos hidrocarburos y determinados medios de transporte especiales y el impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito con presencia física en Andalucía.

Si bien, señaló que deben de repercutir positivamente sobre sectores tan "imprescindibles" como el sanitario o el medioambiente y "no deben de afectar profundamente sobre aquellos otros que en esencia no se han visto perjudicados por la crisis, caso del sector financiero".

En cuanto al otro conjunto de medidas que implican la reducción del gasto y la reestructuración del sector público, Cepes-A indicó que éstas no deben repercutir "en algo tan esencial como es el empleo público, ni en las prestaciones públicas que se les debe a la sociedad andaluza a través del entramado de entidades autonómicas".

No obstante, en principio y a la espera de su plasmación práctica, según detalló, "se debe de estar conforme con la mayoría de ellas", toda vez que "algunas son tan necesarias como la simplificación de la estructura periférica a través de la concentración de sedes".

En el mismo sentido, Cepes-A ve la reducción de los gastos en protocolo, información institucional o publicaciones; el plan de sedes para reducir alquileres y revisar todos los contratos de arrendamiento; la disminución del parque de vehículos oficiales, la reducción de los gastos de dietas y la restricción de vehículos oficiales pues todas ellas vienen marcadas por una inexcusable política de austeridad.

En sentido contrario, Cepes-A no se mostró conforme con el anuncio de congelación de las plantillas públicas de empleados en cuanto que pueden suponer "una merma en la calidad de las prestaciones públicas y en la creación de empleo".