El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, afirmó hoy que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en hacer efectivo el derecho a la vivienda una vez que se apruebe el anteproyecto de Ley de Garantías en el acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha, que fue tomado este martes en consideración por parte del Consejo de Gobierno.

En rueda de prensa, junto a la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, el consejero explicó que con esta nueva Ley de Garantías —un compromiso del presidente autonómico, José María Barreda, acordado en el Pacto por Castilla-La Mancha—, se pretende hacer efectivo el derecho constitucional de todos los ciudadanos de la región a una vivienda "digna y adecuada".

En el marco del Pacto regional por la Vivienda, firmado en mayor de 2008, se abordó la aprobación de esta Ley de Garantías que facilitará a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública —actualmente 35.500 personas están inscritas— la posibilidad de acceder a una vivienda en un plazo no superior a un año.

Si en el plazo el demandante no ha sido adjudicatario de una vivienda de protección pública, el Ejecutivo autonómico se compromete a abonar la diferencia entre la rente de la vivienda libre alquilada y la letra que le hubiera correspondido pagar por la adquisición de la vivienda protegida que se le tendría que haber adjudicado, descontando las ayudas al alquiler existentes que pudiera tener acceso.

Esta cuantía se modulará considerando el precio medio del alquiler de la zona y la superficie de la vivienda. A estos efectos se calculará la superficie de acuerdo al tamaño de la unidad familiar: De 1 a 2 miembros: 70m2, de 3 a 4 miembros: 90m2, y 5 o más miembros: 120m2.

El consejero puso como ejemplo a una unidad familiar de cuatro miembros con ingresos de 24.000 euros/anuales que necesitan una vivienda en Toledo. Llevan inscritos ya un año en el Registro de Demandantes participando en los procesos de adjudicación de vivienda, pero no se le ha adjudicado todavía ninguna, por lo que solicitan la Garantía de Acceso a la Vivienda para alquilar una vivienda libre de 90 metros cuadrados, que cuesta 635 euros al mes.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta familia tendría que pagar un alquiler de 635 euros, y que si que si hubiera podido adquirir una vivienda protegida pagaría una cuota mensual de 338 euros, el Gobierno regional gracias a dicha ley le abonará la diferencia que ascendería, en este caso, a 297 euros. Esta familia percibirá esta ayuda hasta que se les adjudique una vivienda protegida.REQUISITOS

Entre los requisitos para acogerse a la Garantía de Acceso a la Vivienda se encuentran llevar inscrito al menos un año en el Registro de Demandantes de Vivienda, tener cumplidos 22 años, estar empadronado en Castilla-La Mancha con una antigüedad de tres años, disponer de una fuente regular de ingresos, no superior a 2,5 veces IPREM, y la obligación de participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas.

El consejero aprovechó también para destacar que esta ley supone un apoyo a la actividad y el empleo en el sector de la construcción, ya que la Administración regional deberá impulsar nuevas promociones de viviendas protegidas en las zonas donde exista una demanda de vivienda, así como la rehabilitación y modernización del parque público de viviendas.

Finalmente, subrayó que esta ley se ha elaborado desde el diálogo y la participación de todos los agentes e interlocutores sociales representados en la Mesa del Pacto por la Vivienda, en el Comité de Expertos y también ha recibido el apoyo "unánime" de la Comisión Regional de Vivienda.