Los hechos ahora juzgados se pusieron de manifiesto en el curso de las investigaciones desarrolladas por uno de los grupos de la Sección Greco de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de la Policía Judicial, en especial a raíz de las conversaciones telefónicas grabadas.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, esas pesquisas pusieron de relieve que cinco de los seis acusados estaban integrados en una estructura organizativa estable "con fines delictivos" y se dedicaba fundamentalmente "al robo de vehículos, falsificación de los documentos y matrículas, así como a su posterior venta a terceros".

La acusación sostiene en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que los coches eran robados en la Costa del Sol y trasladados a la localidad sevillana de Lora del Río, donde eran modificados para darles una apariencia legal y colocados de nuevo en el mercado a través de otra organización criminal.

Esta estructura actuó al menos de junio a octubre de 2006, según indica la Fiscalía, que señala que el grupo tenía una persona al frente, de nacionalidad búlgara, que era la que "seleccionaba los coches y decidía cuándo se actuaba", además de que era la que conducía el coche lanzadera que protegía el traslado de los otros.

Su pareja sentimental, de la misma nacionalidad, lo acompañaba y realizaba labores de vigilancia, según el fiscal. Además, el presunto cabecilla tenía un hombre de confianza, un español, que era el que "ejecutaba la mayoría de las sustracciones", mientras que otros dos acusados, un marroquí y un argelino, "actuaban de forma ocasional".

Según la Fiscalía, la organización estaba dotada de medios técnicos para el desarrollo de sus actividades delictivas, como los denominados 'transponders', utilizados para anular los sistemas de seguridad de los vehículos. En total, solicita casi 34 años de prisión para los acusados.

Por todo ello, acusa al presunto cabecilla de los delitos de asociación ilícita y de cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas, con criterios de continuidad, mientras que a su compañera sentimental la acusa de asociación ilícita y de dos de robo con fuerza.

Al acusado español se le acusa de un delito de asociación ilícita, varios de robos y uno de receptación; al de nacionalidad marroquí, por asociación ilícita, falsedad y receptación, y al argelino, por delitos de asociación ilícita, robo en casa habitada y varios de receptación. Al sexto acusado sólo se le acusa de un delito de robo intentado.