El Parlament investigará el arrendamiento por parte del Govern de un edificio en el Polígono de Son Rossinyol

El pleno del Parlament aprobó hoy, a propuesta del PP, la creación de una comisión no permanente que investigará el contrato de alquiler con opción a compra suscrito entre la empresa pública CAIB Patrimoni y la empresa Inversiones Can Font para la obtención de un edificio en el que ubicar parte de las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente.

Una iniciativa contenida en una moción presentada por los 'populares', que fue sacada adelante con el apoyo del PSIB y Bloc y la abstención de UM que, según explicó su presidente, Josep Melià, no votó a favor al considerar que la constitución de dicha comisión es "una maniobra para generar dudas" en lugar de ser "una herramienta para la transparencia".

Por otra parte, hoy también se aprobó, esta vez por unanimidad, instar a la Sindicatura de Cuentas de Baleares que realice "de manera urgente" una fiscalización del contrato entre CAIB Patriomoni y Can Font para esclarecer las circunstancias en las que se llevó a cabo esta operación de arrendamiento.

Para el PP, la contratación de este acuerdo se vio envuelta en diversas "irregularidades", como "la falta de publicidad y concurrencia" de la oferta, además de "faltar la publicación del obligado perfil del contratista", tal y como indicó el diputado 'popular' José Maria Rodríguez.

Asimismo, incidió en que "no se puso en marcha el expediente hasta que el adjudicatario no hubo realizado la escritura de obra nueva, a pesar de que hacía un año que la Conselleria de Medio Ambiente había tramitado su petición de espacio".

Otra de las supuestas "irregularidades" que argumentó Rodríguez fue que "se firmó el contrato de permiso de arrendamiento con opción de compra sólo seis días después del acuerdo del consejo de administración y con cláusulas distintas a las que figuraban en la oferta aceptada por este consejo".

Además, afirmó que se "aceptó, sin figurar en la oferta, una cláusula de indemnización a la propiedad del edificio por valor de 7.140.000 euros si CAIB Patrimoni incumple el compromiso de arrendamiento", mientras que "tan sólo se percibirán dos millones de euros de indemnización si la propiedad no materializa el compromiso con la comunidad autónoma".

Rodríguez se preguntó también por qué se han contratado "sin que figurara en la oferta, sin tramitación de publicidad y sin publicación en el BOIB" obras por importe de casi 2,7 millones de euros para realizar en el edificio sin que el Govern tuviera competencia para ello.

El 'popular' acusó también al Govern de haber dicho que el alquiler del nuevo edificio tendría un gasto anual de 1,2 millones de euros, cuando el contrato fija que el coste para el primer año es de más 1,5 millones.

"¿Qué interés ha existido en que estos contratos no hayan sido revisados por los servicios jurídicos? los cuales seguro hubieran denunciado lo que yo estoy afirmando, que aquí ha habido ilegalidades", planteó el 'popular'.

Rodríguez aseguró que la intención del PP con esta moción "no es sembrar dudas", sino "simplemente realizar el ejercicio de control parlamentario al Ejecutivo a la vista de las anómalas circunstancias justificadas documentalmente que surgen de una primera revisión del expediente de esta operación que perjudica los intereses de la comunidad", sentenció.

El diputado del Bloc Antoni Alorda sostuvo que el Parlament "quedaría colapsado" si se tuvieran que investigar "todas las sospechas" que plantea el PP. No obstante, indicó que su grupo votaría a favor de esta moción porque creen que esta comisión y la fiscalización del contrato "clarificará un proceso que no tenía ninguna pega".

El parlamentario socialista Josep Maria Costa, dijo, por su parte, que la operación llevada a cabo entre CAIB Patrimoni y la empresa Inversiones Can Font "disfruta de la toda la legalidad" y añadió que están tan convencidos de ello que el Govern "se ha anticipado" y "ya ha puesto a disposición de la Fiscalía" la documentación pertinente.

Asimismo, Costa acusó al PP de haber creado en Baleares un ambiente en el que la ciudadanía ha perdido la credibilidad sobre todo aquel "que trabaja en la vida pública".

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