Testigos ratifican el cambio de uso "sin licencia" de la finca de Bonares

Los testigos llamados a declarar a petición del Ministerio Fiscal, en el juicio correspondiente al caso de los cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, así como de realizar construcciones ilegales en una finca de la localidad onubense de Bonares (Huelva), ratificaron hoy los hechos y destacaron "el cambio de uso clarísimo" en la finca de 'El Avispero'.

En la sesión celebrada esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, uno de los cuatro agentes de la Policía Nacional que acudió como testigo afirmó que, dada "la magnitud de la transformación de la finca no se entiende cómo no se había detectado en los informes, ni se había abierto un expediente sancionador".

En este sentido, aseguró que se abrieron dos diligencias, una en la finca de la sociedad Agromolinillo Sociedad Cooperativa Andaluza, cuyo propietario es el imputado J.M.S, y otra en la finca de A.C.P, y pese a que ambas son distintas en el tiempo —la primera en 2006 y la segunda en 2005— en las dos se observa "el cambio de uso de forestal a agrícola y la construcción de naves y balsas".

De este modo, el agente afirmó que debido a las actuaciones realizadas en la finca de J.M.S "ha desaparecido un arroyo" de la zona, por lo que incluso el Cuerpo Nacional de Policía solicitó en su momento un informe al Ayuntamiento de Bonares para conocer si esa zona estaba enmarcada dentro del espacio protegido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito del espacio protegido (Potad).

Además, narró como para "mantener ocultas" las actuaciones que se llevaban a cabo en la finca, tanto en la parte correspondiente a J.M.S como A.C.P, había plantado árboles en los lindes de la finca con las vías de tránsito, al mismo tiempo destacó que también había en la finca de Agromolinillo más de una veintena de módulos para los temporeros.

Asimismo, este mismo agente relató cómo las transformación en la finca se habría realizado "sin licencias", a la par que destacó que durante todo el proceso se mostró "sorprendido" por el hecho de que no hubiera "ningún expediente sancionador".

Por su parte, también fueron llamados como testigos un aparejador del Ayuntamiento de Bonares y una representante de la organización WWF, quien incidió en que según informe de su entidad sobre los usos del suelo de 2001 a 2009 se estima que se ha llevado a cabo dicha transformación. Además declaró un jefe de servicio del departamento de Gestión del Medio Natural de la delegación de Medio Ambiente, el cual hizo un estudio, a solicitud de la Fiscalía, que determina que unas 130 hectáreas de la finca El Avispero han sido transformadas.

La sesión continuará este miércoles a las 10,30 horas y cada parte, es decir, las defensas, acusación particular (Junta de Andalucía) y Fiscalía, presentarán sus conclusiones.

Petición de la fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Provincial pide un total de 17 años de prisión para los cuatro empresarios y el agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por delitos contra la ordenación del territorio, y en el caso del funcionario por los delitos de cohecho y omisión del deber, ya que habría aceptado sobornos a cambio de evitar que fuesen denunciadas las actividades de transformación y cambios de uso, además de por la existencia de construcciones ilegales en la citada finca.

En el banquillo de los acusados están J.M.S, quien compró 88 hectáreas de la finca propiedad de A.C.P, el empleado de Medio Ambiente F.B.O., así como M.M.C., quien arrendó 50 hectáreas de la finca 'El Avispero' y también se imputa en el caso a D.J.I., constructor de una nave en la zona "sin los permisos correspondientes".

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