Según el escrito inicial del fiscal, un juzgado de primera instancia de la capital acordó en abril de 2008 la disolución del matrimonio y mantener las medidas económicas ya acordadas, que eran 348,80 euros para cada una de las dos hijas, una pensión para su ex mujer de 253 euros mensuales y 820 euros del préstamo de la casa.

En abril de 2009, el mismo juzgado mantuvo de nuevo las medidas, al entender que no había cambio en las circunstancias económicas del hombre para modificarlas, según la acusación, que apunta que el acusado, funcionario en excedencia y empleado de un banco, causó baja en junio de 2008 y recibió de la entidad 226.764 euros.

El ministerio público precisa en sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, que el procesado "desde el mes de octubre de 2008 dejó de abonar la pensión compensatoria y el importe del recibo mensual de la hipoteca y, además, no abonó la pensión de las hijas durante septiembre y octubre de 2009".

La acusación sostiene que el hombre la hizo "desaparecer con la finalidad de eludir el pago de dichas pensiones periódicas y evitar que se pudiera adoptar cualquier medida sobre dicha cantidad a fin de asegurar el pago de la deuda". La mujer presentó denuncia en noviembre de 2009.

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de abandono del familia, por el que solicita seis meses de prisión; y otro de alzamiento de bienes, por el que pide dos años y medio de cárcel y multa de 5.400 euros.

Además, insta a que indemnice a su ex mujer con 1.395 euros por la pensión de las hijas, con 3.299 euros por la pensión compensatoria y 10.672 euros por los recibos impagados de la hipoteca. Asimismo, se solicitó que prestara fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias y en su caso se le embargara bienes.