La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha requerido hoy a sus asesores jurídicos para que presenten ante los ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria reclamaciones patrimoniales por los daños causado por estas instituciones a las familias afectadas.

En este sentido, AMA confió en que el Gobierno pueda tramitarlas "lo antes posible, ante la posibilidad de inminentes derribos", de los que la asociación tiene "fundadas sospechas". Por ello, pidió al Parlamento de Cantabria, "institución que siempre ha sido sensible a la situación", que cumpla con la proposición no de ley de 2007 por la que se pedía solución para todos los afectados por las sentencias de derribo.

En un comunicado tras el cierre definitivo de la comisión de seguimiento para las sentencias de derribo, AMA expresó su agradecimiento por haber participado en ella "a pesar de sus resultados".

En este sentido, la agrupación consideró "un fracaso" que no se haya podido consensuar un texto "cuando había unanimidad en lo básico, los fines que tenía que cumplir el texto", que pasaban por una proposición de ley con carácter general para dar una solución a los afectados y seguridad jurídica a todos los ciudadanos en el ámbito del urbanismo, con el respeto del patrimonio de los propietarios de las viviendas.

AMA también lamentó el "retraso injustificado" en la reunión de la comisión y manifestó que su "duda" es "si esta pérdida de tiempo ha sido intencionada".

Aunque la asociación no apoya ninguno de los textos, considera que el que "más problemas" puede ocasionar a los afectados y a los ciudadanos en general es el que presenta la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

Además, cree "fundamental" que el texto esté aprobado antes de cierre del actual período de sesiones, porque, una vez derribadas las viviendas, "el daño a nuestra comunidad será irreparable". Por ello, pidió un "esfuerzo" a los grupos parlamentarios, para que "pueden dar la solución en tiempo y forma".

AMA reiteró su planteamiento de que es necesario buscar soluciones "imaginativas y legales, que hagan que nuestra comunidad no pierda recursos por más 300 millos de euros". Al respecto, subrayó que éste es "un deber de todas la instituciones", y denunció que sigue "echando de menos" el "impulso político" del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, que "se ha borrado en este tema".

Finalmente, el colectivo agradeció a los técnicos del Gobierno, de los ayuntamientos y a sus asesores su trabajo en la búsqueda de soluciones. "Estamos convencidos que los técnicos se hubieran puesto de acuerdo de no haber instrucciones políticas que han enturbiado su trabajo", concluyó.