Se trata de "regular la utilización de la red básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas a federaciones y uniones de las cooperativas agroalimentarias, estableciendo una coordinación para que las cooperativas cerealistas asociadas accedan a la utilización de la red básica de almacenamiento público".

De esta forma, se pretende que, al facilitar el acceso de las cooperativas agroalimentarias a la red básica de almacenamiento público "haya una mejor y más adecuada campaña de comercialización".

Además, en la medida en que la Unión Europea ha reducido sustancialmente el almacenamiento público, las cooperativas agroalimentarias podrían ser receptoras de este almacenamiento evitando que se acumule en exceso la oferta en los inicios de la campaña.

Las cooperativas agroalimentarias integran a 4.000 cooperativas agrarias, mientras que el Fondo Español de Garantía Agraria cuenta con un patrimonio en la red básica de almacenamiento público de 119 silos, con una capacidad de almacenamiento de 815.520 toneladas, de los cuales 50 silos y cuatro naves almacén, con una capacidad de 330.150 toneladas, están cedidos en uso a la comunidad autónoma de Castilla y León.