"Fue un error lo que hice, pero en ese momento yo estaba tan mal que mi cabeza no discernía correctamente. Considero que no se valoraba mi trabajo", afirmó M.J.G., que declaró que cuando se llevó los discos "estaban bajo secreto parcial".

Dicha causa tiene al menos 25 imputados, entre los que figuran el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC) —aforado—, Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebró hoy la primera jornada del juicio por sistema de Tribunal de Jurado contra M.J.G., acusada de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que la Fiscalía pide las penas de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.

Por su parte, la defensa solicita la libre absolución o, subsidiariamente, que concurra la atenuante analógica de dilaciones indebidas y de arrebato u obcecación.

La procesada explicó que se incorporó como funcionaria de auxilio judicial en la Sala Civil y Penal del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el 10 de febrero de 2005 y "al poco tiempo" empezó a colaborar en tareas de tramitación debido a la escasez de personal.

"El 19 o el 20 de diciembre de 2006" llegaron las diligencias del caso 'Las Teresitas' a la Sala, donde ella tomó "la mayor parte de las declaraciones" y realizó "sola" el escaneado de la documentación. "Mis compañeras no querían llevar las diligencias porque como era un tema tan importante temían que sucediera algún error", añadió.

Alegó que durante las fiestas navideñas de 2007 y principios de 2008 ella se encontraba disfrutando de días de asuntos propios, cuando recibió una llamada del TSJC para que suspendiera sus vacaciones, ante la intención de la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, instructora de dicha causa, Carla Bellini, de que los "miles de folios" estuvieran escaneados el 18 de enero de 2008 para levantar parcialmente el secreto de sumario y poder facilitar una copia en formato DVD a las partes personadas.

De este modo, M.J.G. se incorporó y manifestó que trabajó "desde las siete de la mañana y hasta las nueve de la noche para terminar" a tiempo la tarea que le había encomendado la secretaria judicial, quien, no obstante, se incorporó el 22 de enero a su puesto de trabajo tras días de asuntos propios. Durante esa jornada, ambas verificaron la documentación y la compulsaron.

Insultó a la jueza y le supuso un expediente

Si bien señaló que el trato con sus compañeras, con la secretaria judicial y la magistrada Carla Bellini era "correcto", reconoció que ella se sentía "sobrecargada" de trabajo desde junio de 2006 y, aunque "nunca hubo discusiones, sí podía ser brusca en un momento dado".

De hecho, confesó que el 24 de enero de 2008 intentó hablar con sus superiores para informarles de las horas extraordinarias que había realizado, pero tanto la magistrada como la secretaria judicial le dijeron que "esperase un momento", a lo que ella contestó ante también sus otras dos compañeras de trabajo: "Váyanse todos a la mierda" y, posteriormente, abandonó las dependencias judiciales.

Debido a su exabrupto se le abrió un expediente disciplinario por una falta grave y se acordó su suspensión cautelar, que señaló que "no se ha llevado a cabo" porque está "de baja médica por depresión".

"Lo dije genéricamente y me arrepiento", añadió, al tiempo que explicó que al día siguiente regresó al TSJC para llevarse una copia del caso 'Las Teresitas' con el objetivo de "tomar nota de los horarios" que constan en los escritos para que se le compensaran las horas extras durante las tardes y los festivos.

De este modo, indicó que el 25 de enero cogió dos DVDs, uno de ellos era una copia de seguridad de la causa "que ya estaba hecha desde principios de enero de 2008" y otra copia de la "parte restringida que se le había dado el día 23 de enero a los procuradores". A su salida, le dijo a sus compañeras que le advirtieran a la secretaria judicial de que ella "tenía copia".

Señaló que los escondió "en el horno" de su domicilio, ya que "era un piso muy pequeño y no quería guardarlo ni en un cajón ni encima de la mesa". "Preferí guardarlo en un sitio donde estuviera segura de que no tenían acceso ni familiares ni amigos. Pensaba devolverlos cuando apuntara las horas", añadió, así como reconoció que en su declaración judicial el 1 de febrero de 2008 negó tener una copia de las diligencias "porque tenía mucho miedo". Sin embargo, la Policía registró su casa y halló los soportes informáticos.

"nadie los vio"

Según la procesada, no tiene Internet en el ordenador de su casa ni impresora y sostuvo que la información "nunca estuvo en el disco duro" de su ordenador. "Sólo comprobé que los discos estaban bien, no los visioné. Jamás copié en el ordenador el contenido y nadie los vio", justificó.

Cuestionada sobre si en alguna ocasión se ausentó de su puesto de trabajo, reconoció que en 2007 se agobió un día porque "no funcionaba el aparato de la grabación mientras se realizaba una declaración" y se fue a su casa desde las ocho de la mañana aproximadamente.

En la actualidad la acusada se encuentra de baja médica y se ha adoptado de oficio su incapacidad laboral, lo que supondría su jubilación.

El día de la huelga

Por su parte la fiscal, Cecilia Acebal, manifestó que como consecuencia de los hechos M.J.G. "perdería su condición de funcionario público y, tras cumplir la pena, tendría que volver a presentarse a unas oposiciones".

Hizo especial hincapié en la importancia de la "presunta trama de corrupción política de 'Las Teresitas'" y planteó que la acusada amenazó a la secretaria judicial con que "tenía una copia" de las diligencias, algo que hizo sospechar a la Policía de que era ella quien presuntamente filtraba datos de la investigación a los medios de comunicación.

Acebal apuntó que "nadie obligó" a M.J.G. a "hacer más horas extras". "Actuó de forma deliberada y premeditada. No fue un arrebato. Ella fue al juzgado y copió las diligencias. Tenía problemas de respeto hacia sus superiores", a quienes insultó, resaltó la representante del Ministerio Público, que incidió en la labor "fundamental" de un funcionario, a quien "le paga el Estado y los ciudadanos esperan que cumplan con sus deberes".

"Un funcionario no es sólo una persona que ha aprobado una oposición y tiene una situación privilegiada de un trabajo y un sueldo fijo. Es curioso que se celebre el juicio hoy en que empleados públicos están en huelga", manifestó.

En su opinión, la acusada "incumplió sus deberes, quebrantó la confianza puesta en ella y debe asumir las consecuencias". "No sabemos qué pretendía hacer, ni si filtró o no información", aseveró.

Por su parte, el letrado de la defensa y decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio Platas, justificó la reacción de M.J.G. en que, tras estar trabajando durante horas, "nadie le dijo gracias y que tenía que cobrar las horas extras".

El juicio continuará mañana, a las 09.30 horas, con las declaraciones de sus compañeras, entre otros testigos.