Las Corts designarán el 29 de junio un representante para defender en el Congreso su propuesta de reforma de la LOFCA

Las Corts Valencianes celebrarán el próximo 29 de junio un pleno en el que se designará a un representante que defenderá en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobada por la Cámara autonómica a iniciativa del PP.

Así lo anunciaron hoy los portavoces del PSPV y Compromís, Ángel Luna y Enric Morera, respectivamente, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que se abordó esta cuestión después de que las Corts solicitaran a la Cámara Baja el aplazamiento del debate de la iniciativa, que debía votarse hoy, al no haber designado todavía a la persona que la deberá defender.

En un escrito registrado en el Congreso, la presidenta del Parlamento autonómico, Milagrosa Martínez, indica que el Estatuto de Autonomía determina que la delegación que defiende una iniciativa ante las Cortes Generales debe ser definida por el pleno de la asamblea por mayoría absoluta y sus integrantes deben ser elegidos en votación secreta por los diputados autonómicos.

El portavoz del PP, Rafael Blasco, señaló que la próxima reunión de la Junta de Portavoces abordará la designación, que finalmente corresponderá a una persona y será propuesta por el grupo popular. Preguntado sobre si el PP piensa emular a los 'populares' madrileños y que sea el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien defienda la iniciativa en el Congreso, indicó que no se descarta "que sea nadie de los que forman parte del grupo popular".

De hecho, hace unos meses, una proposición similar de la Asamblea de Madrid, también impulsada por el PP autonómico, fue defendida ante el Congreso por la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre.

Ángel Luna, quien indicó que se trata de la segunda vez que ocurre algo similar, reprochó a los 'populares' su "escaso rigor de trabajo en las Corts". No obstante, señaló que no es una cuestión que le preocupe "especialmente", puesto que los socialistas "votamos en contra y no tenemos ningún interés en ir a defenderla a ninguna parte". "No vamos a hacer como el PP en el caso Gürtel en Madrid, que actúa como acusación popular y ejerce como defensa de los acusados", aseveró.

"no sé si camps está para defender nada"

Afirmó que la iniciativa "no dice nada y está de más en la legislación española, pero el PP sí debería tener interés en que se debatiera en el Congreso". Incidió en que en el caso de la Comunidad de Madrid, fue su propia presidenta quien defendió una propuesta similar, y, al respecto, apuntó que no sabe si el jefe del Consell "está en estos momentos para ir a defender nada, a lo mejor ése es el problema", apostilló.

Por su parte, Enric Morera lamentó que finalmente sólo se vaya a designar un representante para defender la iniciativa en el Congreso a pesar de que el Reglamento de las Corts permite que sean hasta tres, ya que, según señaló, a Compromís le gustaría también participar en la delegación para "denunciar" ante el Congreso que los valencianos "tenemos un Estatuto de vergüenza".

Incidió en que la proposición de ley, que las Corts aprobaron en febrero de 2008, "evidencia el fracaso" de la reforma del Estatuto que impulsaron PP y PSPV y que está "condicionando tanto el bienestar del pueblo valenciano".

La proposición de ley de reforma de la LOFCA solicita que se añada al artículo de esta ley en el que se establece que las inversiones del Estado deberán inspirarse en los principios de solidaridad y equidad la exigencia de que estos criterios sean "los mismos para todas las comunidades autónomas y se aplicarán uniformemente a todas ellas".

Su aprobación por las Corts estuvo marcado por el Estatuto catalán y la disposición adicional tercera que, durante un periodo de siete años, establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación de esta comunidad en el Producto Interior Bruto (PIB). El objetivo de la propuesta valenciana es que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no impliquen "privilegios económicos".

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