El 6,6% de empleados de la Administración General del Estado secundan la jornada de huelga en Murcia

Los datos de incidencia de la huelga en la Administración General del Estado en la Región Murcia ha sido del 6,6 por ciento, según informaron fuentes del Ejecutivo regional. En concreto la han secundado 277 empleados públicos, respecto a 4.189 que han asistido al trabajo. Tal como está establecido por el Reglamento que lo regula han sido 618 las personas que han cumplido servicios mínimos.

En el caso concreto de la Delegación del Gobierno, la huelga ha tenido aún menor incidencia, pues ha sido secundada por sólo 10 funcionarios, respecto a 251 que no lo han hecho, siendo la incidencia del 3,9 por ciento.

En cuanto al desarrollo de la jornada en la Región, la normalidad ha sido la nota predominante, que sólo se ha visto ocasionalmente interrumpida en el corte de accesos al puerto de Cartagena a primera hora de la mañana, así como la inutilización de las cerraduras de unos pocos centros oficiales mediante silicona e introducción de palillos.

De hecho, señala, salvo la concentración realizada a las 12.00 horas en Murcia, en el resto de la Región ha destacado la "escasa" asistencia de las convocadas en otras poblaciones de la Región, desarrollándose todas ellas sin ningún tipo de incidente.

Por otra parte, los servicios mínimos están garantizando el normal funcionamiento de los servicios básicos y la atención a los ciudadanos y se están cumpliendo prácticamente sin excepciones, según aseguró la Delegación del Gobierno en comunicado de prensa.

Para la Delegación "es de agradecer a todos, la demostración de madurez democrática de nuestro país y en concreto, de los empleados públicos al no tener incidentes a lo largo de la jornada de paro, lo cual es motivo de satisfacción".

Por último, apunta que aunque no comparte las razones de la huelga, reconoce el trabajo de los empleados públicos y su contribución "para que hoy dispongamos de una Administración que sirve a los intereses de los ciudadanos".

En este sentido, considera que las decisiones han sido "difíciles y dolorosas" para el Gobierno, pero también "imprescindibles" para el objetivo de reducir el déficit público y hacer frente a las consecuencias de esta crisis global.

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