Las cofradías piden 9 años de prisión para el capitán del Prestige y Nunca Máis solicita 5 de cárcel para López-Sors

Piden la inhabilitación y una indemnización por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente

Las acusaciones particulares de los afectados por la catástrofe del Prestige presentaron ya sus escritos de acusación solicitando la apertura del juicio oral del caso y reclamando la imputación del capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial del buque. Así, aunque las cofradías piden nueve años de prisión para los tres, únicamente la defensa de la plataforma Nunca Máis reclama la imputación, además de Mangouras, del ex director de Marina Mercante, José Luis López-Sors, para el que pide cinco años de cárcel.

El pasado mes de mayo la titular del juzgado número uno de Corcubión, Carmen Veiras, dicto una providencia en la que ordenaba dar traslado de las diligencias al Fiscal y a los abogados de las acusaciones particulares del caso Prestige para que formulasen sus escritos de acusación.

Aunque el plazo de presentación de estos documentos concluye oficialmente mañana martes, día 8, según indicaron a Europa Press fuentes personadas en el caso, los escritos comenzaron a formalizarse ya desde la semana pasada.

Este es el caso de las 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria que representa el letrado Ramón Sabín, en nombre de unos 14.000 afectados por la marea negra que provocó el hundimiento del Prestige el 13 de noviembre de 2002.

Según tuvo conocimiento Europa Press, en su escrito de acusación las cofradías solicitan penas que suman 9 años de prisión para Apostolos Mangouras, capitán del buque siniestrado; Arguropoulos Nicolás, jefe de máquinas; y el primer oficial, Irineo Maloto, los dos primeros griegos y el tercero filipino.DELITOS

En concreto, reclaman para cada uno de ellos 8 años de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y un año de prisión por un delito de desobediencia. También reclaman su inhabilitación especial para esta profesión u oficio por un período de 6 años y una multa de 42 meses, a razón de 300 euros por día.

Asimismo, las cofradías reclaman la responsabilidad civil directa del Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac) y de la aseguradora del buque, mientras que solicitan la responsabilidad civil subsidiaria para la armadora.

Sin embargo, la acusación de las cofradías no pide que se impute en el caso al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, porque entiende que no hubo "responsabilidad penal" en su actuación en los días posteriores a la catástrofe.

Por su parte, la asesoría jurídica de la Diputación de A Coruña, otra de las partes personadas, tampoco pide la imputación de López-Sors y reclama 6 años de prisión, respectivamente, para el capitán del petrolero y el jefe de máquinas.

Nunca máis

En el caso de la plataforma Nunca Máis, el letrado Pedro Trepat informó a Europa Press de que ha reclamado la imputación tanto del capitán del Prestige como del entonces director de Marina Mercante, a los que acusa de un delito único contra recursos los naturales y el medio ambiente con circunstancias agravantes de daño a espacios protegidos.

Sobre esta base, la plataforma solicita en su escrito de acusación una pena de prisión de cinco años y seis meses, más multa e inmovilización, para el capitán del Prestige; y de cinco años y un día para López-Sors.PROCEDIMIENTO

En el procedimiento, figuran más de 70 abogados , en representación de la Abogacía del Estado, letrados de la Xunta, buena parte de las cofradías de pescadores de Galicia, la plataforma Nunca Máis y la Diputación Provincial de A Coruña, además de la fiscalía o el Estado francés.

En total, el sumario tiene 266.650 folios y en él figuran 2.300 personas o entidades que se sienten perjudicadas por el efecto del naufragio del buque y que presentaron reclamaciones civiles, además de las 2.090 partes personadas.

La Abogacía del Estado ha mantenido en este proceso su petición de imputación al capitán del Prestige, su jefe de máquinas y el primer oficial, además de reclamar la responsabilidad civil subsidiaria del armador, el propietario y el cargador del barco y que se le abonen en concepto de indemnización los gastos que el accidente ocasionó el Estado y que cifra en casi 1.000 millones de euros.

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