La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Fiscalía Superior anunciaron hoy la creación de cuatro grupos de trabajo para luchar, de forma conjunta, contra la violencia en las aulas, el fraude en los procesos de escolarización, el absentismo escolar y la delincuencia juvenil en materia de seguridad vial.

Además, según explicaron en rueda de prensa el consejero de Educación, Francisco José Álvarez de la Chica, el fiscal superior, Jesús María García Calderón, y la fiscal de Sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda —quienes estuvieron reunidos durante toda la mañana de hoy con el Defensor del Pueblo, José Chamizo, y los fiscales provinciales de Menores, entre otros— se ha acordado el establecimiento de "un protocolo marco de colaboración" para que ambas instituciones puedan "intercambiar información reglada" de la forma más rápida y ágil posible.

De hecho, según Álvarez de la Chica, se establecerán "fichas de información conjunta" que permitan, de un lado, fluidez en el intercambio de datos entre Educación y Fiscalía; y de otro, la "actuación frente a estas conductas punibles éstas puedan ser tipificadas" como delito, por ejemplo, en el caso de las agresiones al profesorado.

En definitiva, se trata de un "relevante avance en los cauces de coordinación" iniciados entre ambas instituciones el pasado mes de abril y que busca que "el sistema educativo no sea ajeno" a situaciones como las infracciones de tráfico de los jóvenes andaluces o los fraudes en los procesos de escolarización, añadió el consejero.

En esta línea, García Calderón apuntó que uno de los temas que más preocupa "constantemente" a la Fiscalía es, además de la violencia en las aulas, la delincuencia juvenil en materia de seguridad vial. De hecho, el 35 por ciento de los delitos cuyos protagonistas son menores están relacionados con el tráfico, razón por la que se están estudiando fórmulas "para que estas actuaciones puedan tener un futuro cumplimiento de pena en el ámbito escolar".

Pese a no concretar más sobre este asunto, el fiscal superior advirtió de que, hasta el momento, "esto es sólo una hipótesis de trabajo". No obstante, no pudo evitar señalar que al Ministerio Fiscal "le gustaría que, a través de programas educativos, se pudieran cumplir sanciones de este tipo" porque, en su opinión, "puede ser muy beneficioso tanto para los menores como para los juzgados".

Al hilo, Madrigal Martínez-Pereda recalcó que "el factor educativo es esencial en la prevención de situaciones de riesgo" y que, por ello, "la colaboración de todas las instituciones es esencial para lograr la protección de la infancia y garantizar el acceso a la educación".

Agresiones al profesorado

Respecto a la calificación como atentado a la autoridad pública de las agresiones al profesorado —que constituirá uno de los grupos de trabajo creados hoy—, tanto el consejero como el fiscal jefe coincidieron en señalar que trabajarán para que exista "unidad de criterio" en este ámbito y los docentes de la escuela pública y los de la escuela concertada tengan la misma consideración ante tales hechos.

Según explicó García Calderón, pese a que "la materia técnica y jurídica a este respecto está resuelta por el Consejo General del Poder Judicial", la Fiscalía Superior de Andalucía tiene "cierto margen de actuación y distintas posibilidades de atender al profesorado de la concertada", el cual, no tiene la categoría de funcionario público.

De ahí que recalcara que la colaboración con la Consejería de Educación en este sentido es "imprescindible", ya que mediante el intercambio de información la Fiscalía podrá contar con datos "más exactos de los menores infractores y se podrán analizar sus perfiles".

Con todo, Álvarez de la Chica destacó que la conflictividad en las aulas andaluzas "es muy baja", ya que "sólo un tres por ciento" del total del alumnado ha cometido alguna vez una infracción de naturaleza grave, la mayoría de las cuales, se resuelven además con los propios reglamentos de cada centro.

Aún así, el consejero reconoció que hay un aspecto "muy delicado" en todo esto y es el de las "agresiones de adultos al profesorado", un tema éste en el que "sí es más que imprescindible la colaboración con la Fiscalía". "Nosotros como Gobierno estamos decidimos a combatir este tipo de comportamientos y tenemos desplegadas algunas medidas para ello", recalcó. Entre ellas, se encuentran el respaldo jurídico al profesor, el otorgamiento de la veracidad al mismo a la hora de investigar los hechos y abrir un expediente, y compartir desde ahora toda esta información con la Fiscalía Superior.

A este respecto, García Calderón admitió que "la estadística criminal no ofrece datos del todo fiables en esta materia porque son delitos de atentado sin identificar". Por ello, reseñó que, gracias a esta nueva colaboración con Educación, la Fiscalía podrá "conocer las circunstancias concretas de los casos y protocolarizar los datos para un mejor análisis de los hechos".

Seguridad vial

Otra de las medidas que hoy se han puesto sobre la mesa es la de la posibilidad de que la Seguridad Vial se convierta en una asignatura o, al menos, se incorpore a los currículos escolares en Andalucía. Según el consejero, la educación vial "está más que justificada si se tiene en cuenta que más de 1.700.000 alumnos serán peatones y conductores" en un futuro no muy lejano, por lo que consideró que "es una necesidad social de primera magnitud".

Por ello, Educación y Fiscalía abordarán en los próximos meses "distintas propuestas" sobre la implantación de estos contenidos. Una de ellas, según apuntó Álvarez de la Chica, sería introducir este currículo en el de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.