En concreto, el indicador de incidencias de accidentes laborales, que mide el número de siniestros en función de la población activa, pasó de 12,02 por cada millón de trabajadores a 6,95. En general, la incidencia de accidentes laborales bajó en este periodo un 5,30 por ciento, concretamente un 5,24 por ciento en el caso de los accidentes leves, y un 10,75 por ciento en el caso de los graves.

En cuanto a los valores absolutos, el número de accidentes laborales registrado en estos cuatro meses se redujo un 6,83 por ciento, pasando de 35.175 en el mismo periodo de 2009 a 32.772 en el periodo actual.

El titular de esta Consejería anunció estos datos a los periodistas antes de presidir el pleno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Caprl), órgano de consulta y participación de la Administración, los agentes económicos y sociales en materia de seguridad y salud laboral; celebrado en Málaga.

Recio subrayó que uno de los principales objetivos de la Junta es que esta época de crisis no incida "en absoluto" sobre las prácticas que se deben llevar desde el punto de vista de la prevención y seguridad laboral. En este punto, destacó que "hay quien dice que a mayor nivel de paro, debería haber menos siniestralidad laboral, pero también hay quien dice que en estas épocas es cuando las empresas podrían verse tentadas a reducir lo que son las inversiones en esta materia".

Pleno del caprl

El pleno del consejo analizó las actuaciones más relevantes en este área desarrolladas en Andalucía en los últimos meses y, entre otras cuestiones, el consejero de Empleo se refirió a las principales novedades de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud Laboral 2010-2014.

Concretamente, marcó como principales retos para la región la mejor integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas; la atención a los riesgos emergentes y los nuevos sectores y la mejora de la situación preventiva de los territorios, entre otros.

Para ello, junto a la continuación de las iniciativas puestas en marcha en el Plan General 2003-2008, la Estrategia incluirá nuevas medidas como un programa de seguimiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) y planes para autónomos; la introducción de nuevos baremos que primen las buenas prácticas preventivas de las empresas a la hora de acceder a la contratación pública; programas de actuación específicos en municipios de menos de 10.000 habitantes o el tratamiento de materias de prevención en la negociación colectiva, entre otros.

Para hacer posible estos objetivos, el consejero señaló que la Estrategia cuenta con un presupuesto estimado de 130,1 millones de euros, financiación que puede acabar superando esta previsión como ya ocurrió con el anterior Plan.