Belakortu, a través de un comunicado, denunció que el Gobierno municipal "ha privatizado un servicio público y ha propiciado competencia desleal con los gimnasios ya en funcionamiento".

Según afirmó, "el despropósito comenzó con la privatización, ya que se decidió adjudicar unos locales municipales para que una empresa privada hiciera negocio montando un gimnasio subvencionado".

A esta actuación le ha seguido "la adjudicación y la concreción de los servicios que ofrecerá la empresa adjudicataria", como "servicios de depilación, masajes de lujo y 'spa'".

Belakortu indicó que si a esto se le une que el hecho de que el resto de los espacios de musculación serán reconvertidos en salas de ejercicio general, dirigidas a una tipología diferente de usuarios, "nos encontramos con un cambio en el servicio realmente brutal".

Además, criticó las condiciones exigidas a la empresa adjudicataria, ya que "ninguna empresa podría ni soñar con lograr un local como los que les hemos ofrecido por el increíble precio de dos euros el metro cuadrado al mes".