El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Anteproyecto de Ley de modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2010, que contemplan reducir sobre las retribuciones íntegras de los empleados públicos una media del 5,7 por ciento para los funcionarios del grupo A y un uno por ciento para los funcionarios del grupo E.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, y la portavoz del Gobierno regional, María Pedro reverte, explicaron que esta modificación es consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que el Gobierno de España adoptó medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

García dijo que el núcleo fundamental de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010 tiene "carácter básico", y por lo tanto es "de obligado cumplimiento" por todas las Administraciones Públicas, de forma que el Gobierno regional lo acatará "por imperativo legal, y sin compartir ni el fondo ni las formas de lo dispuesto en ese Real Decreto" del Ejecutivo central.

El Gobierno regional expuso ayer el contenido de este Anteproyecto de Ley a los sindicatos en la reunión que ayer mantuvieron en el contexto de la Mesa General de Negociación, según Reverte, quien defendió que, dentro del margen que dejaba el Decreto Ley del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico "ha hecho una interpretación lo más flexible posible para los empleados públicos".

Así pues, dijo que aplicando la normativa básica, que era de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas, el porcentaje "superaba el cinco por ciento, por lo que el Consejo de Gobierno ha decidido no dar una vuelta de tuerca a los empleados públicos, sino que se ha decidido una subida en las retribuciones complementarias del 3,75 por ciento para llegar a la base homogénea del cinco por ciento".

"Creo que los sindicatos lo han entendido perfectamente y hemos tratado que el sistema retributivo salarial que ahora mismo tenemos entre los distintos grupos funcionariales no se desequilibre, ya que nos ha costado mucho llegar al mismo", destacó.

García explicó que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno de España, que ha utilizado un Decreto Ley para adoptar esta serie de medidas, la Región de Murcia "tiene que proceder a una modificación de su Ley de Presupuestos para trasponer esta norma de obligado cumplimiento".

De esta forma, el Ejecutivo autonómico "ha elaborado y tramitado el correspondiente Anteproyecto de Ley y ello, teniendo en cuenta la complejidad técnica de la norma estatal que obliga por motivos de seguridad jurídica que sea un instrumento de rango legal el que establezca el marco retributivo del personal de todo el sector público regional".

En virtud de esta modificación, se trasladan al ámbito regional las reducciones establecidas por el Gobierno central en cuanto a las retribuciones básicas y complemento de destino y se fija la minoración correspondiente en el resto de conceptos retributivos.

Además, el Anteproyecto introduce una serie de correcciones consecuencia de la normativa estatal en relación a las masas salariales, en especial las del personal laboral, incluyendo a todo el sector público regional, entre ellos, las sociedades mercantiles.

En la línea de responsabilidad de los gestores políticos, se acomete la minoración de las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración General, Organismos Públicos y demás entes del sector público regional.

Por otra parte, en lo relativo a los proyectos de inversión en infraestructuras que se financien con fondos públicos, recoge la exigencia de informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Presupuestos sobre la incidencia de dichos proyectos en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con el fin de reforzar el control presupuestario.

Este anteproyecto de Ley será remitido al Consejo Jurídico para su informe preceptivo antes de su envío a la Asamblea regional.

"norma improvisada"

García precisó que la norma "ha sido impuesta por la Unión Europea en un fin de semana como consecuencia de la inacción del Gobierno central durante más de dos años negando la crisis y adoptando las medidas que este país necesitaba para salir de la crisis y que no tenía que haber dado lugar a este Decreto Ley".

Se trata de una norma "improvisada" que "lo único que hace es ajustar las cuentas", e insistió en que es la "imposición que hace la Unión Europea al Gobierno central como consecuencia de la pertenencia de España a la zona euro y del incumplimiento reiterado de los índices que la UE obliga para reducir el déficit".

En este sentido, indicó que el Gobierno central "tiene que reducir el déficit y lo hace "reduciendo los sueldos a los empleados públicos y a los más débiles, como pueden ser los pensionistas con una congelación".

Además, dijo que las medidas "tienen unas consecuencias poco adecuadas o, cuanto menos, inoportunas en una situación de crisis como la que nos encontramos por parte de la demanda", y es que el recorte "reduce la capacidad e los ayuntamientos para el 2011, lo que va implicar una minoración de las inversiones municipales".

Asimismo, destacó que "son, precisamente, los empleados públicos y los pensionistas aquellos que más destinan de su renta a consumir, porque son rentas más bajas y porque su propensión al consumo es mucho mayor que la media española", lo que hace que "se vaya a reducir el consumo".

A todo esto, García unió la entrada en vigor de la subida del IVA a partir del 1 de julio, y señaló que la reducción "automática que se va a producir por estas dos vías en el consumo va a implicar una pérdida en la producción y en el crecimiento económico de España, que ya ha valorado el Gobierno central".

"Tal es así que esto ha implicado al Gobierno regional una necesidad de ajuste en los presupuestos como consecuencia de la minoración del Producto Interior Previsto y de los ingresos a los que podemos acudir por la vía financiera", apuntó.

Además, indicó que el Gobierno regional sí que "extiende la reducción que impone el Gobierno del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero a todos los empleados públicos, incluidas las sociedades mercantiles, porque entiende que es de justicia que todos los empleados públicos que prestan servicios, estén donde estén, en la administración general, en entes, fundaciones o sociedades mercantiles".

Con esto, García subrayó que la Administración regional introduce "no como una trasposición, sino como un avance, el hecho de que también aquellos empleados que desempeñan sus puestos de trabajo en sociedades mercantiles también se le aplicará esa reducción del cinco por ciento".

Reforma laboral

García dijo que "esto acaba de empezar, porque el próximo 16 está previsto el decretazo de la reforma laboral", que Reverte calificó como nuevas "improvisaciones". "Están mandando globos sonda a la sociedad de forma poco seria", subrayó.

La portavoz del Gobierno indicó que "se está pidiendo que se apliquen medidas para facilitar la contratación, es decir, que se creen mecanismos que generen puestos de trabajo y flexibilicen precisamente esa contratación, y lo que tiene que hacer el Gobierno de Zapatero es reducir los costes de las contrataciones, porque eso sin lugar a dudas va a generar empleo".