"Hemos decidido secundar el paro de la función pública para el 8 de junio en defensa del estado social porque entendemos que sí que puede haber cierto peligro a raíz de los recortes realizados por el real decreto", manifestó la portavoz de la asociación judicial en Canarias, María Victoria Rosell.

Así, explicó en se van a sumar al parón de los funcionarios al entender que no es la defensa del salario "por actividades o grupos profesionales", sino que lo que se busca con esta protesta es la defensa del estado social y de la función pública. "Por eso —añadió— queremos ir con ellos", mientras recordó que es la primera vez que los jueces van con el resto de los funcionarios.

Por su parte, la portavoz declaró que "en España está sobredimensionada una parte de la administración pública y es cierto que existe mucho déficit público". "Podríamos distinguir entre una parte de la administración, que son servicios esenciales y que sólo pueden ser públicos, y otras que han sido gastos enormemente superfluos que acarrean las administraciones", declaró.

En este sentido, explicó que la Justicia no sólo es un servicio esencial, sino que necesariamente tiene que ser público, por lo que entendió que no puede "adelgazarse" para recortar el déficit.

"Desde nuestro punto de vista —continuó— hay cuestiones que tienen que compararse y admitimos el criterio de proporcionalidad para la rebaja de sueldos si hay que apretarse el cinturón, lo comprendemos, pero también querríamos que fuera proporcional con otras áreas, como órganos que han crecido en la época de riqueza y en los cuales se ha malgastado dinero".