Industria quiere que la empresa autorizada para la térmica de Mérida esté obligada a construirla en un plazo prefijado

El consejero Navarro anuncia que están "a punto de salir" la AAI de Ibedrola y la DIA de EGL

La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura quiere que la primera empresa que obtenga la autorización definitiva para explotar una central térmica de ciclo combinado en la comarca de Mérida tenga obligatoriamente que construirla y ponerla en marcha en un plazo determinado.

Ello significa que si dicha empresa no lleva a cabo la construcción en dicho plazo perdería la licencia y ocuparía su puesto la segunda empresa en haber superado todo el procedimiento administrativo que concluye una vez que se obtiene la autorización definitiva del Ministerio de Industria.

"Que vaya eso (el plazo) como una condición resolutoria en la autorización" de dicho ministerio, precisa el consejero extremeño de Industria, José Luis Navarro, en el transcurso de una entrevista concedida a Europa Press.

El responsable autonómico en materia energética apunta, por tanto, a que la intención de su departamento es que el propio visto bueno del Gobierno central esté condicionado formalmente a que la empresa se comprometa a llevar a cabo el proyecto en un periodo temporal concreto. "Está en nuestra mano", apostilla.

En este punto subraya el consejero que sólo se podrá llevar a cabo uno de los tres proyectos presentados para la construcción y explotación de una central térmica en la comarca de Mérida (Badajoz), dado que la disponibilidad de agua del embalse de Alange sólo permite la existencia de una instalación de estas características.

"En principio con las previsiones que existen de las capacidades que Alange tiene para uso agrícola y para consumo humano, que es la prioridad, y para consumos industriales, no hay agua nada más que para una planta", sentencia.

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Además, avanza José Luis Navarro que está "a punto da salir" la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la consejería para el proyecto de la compañía Iberdrola en el municipio de Alange. Iberdrola fue la primera empresa en obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente.

Una vez emitida la autorización de la consejería, a Iberdrola le resta el pronunciamiento final del Ministerio de Industria, organismo que decidirá otorgarle o no su permiso definitivo.

Así mismo, adelanta igualmente el consejero, también está "a punto de salir" la DIA para su proyecto del municipio de La Zarza, que corre a cargo de la empresa EGL. Cabe recordar que el tercer proyecto es el de Mérida Power (participada por Siemens) en Valverde de Mérida.

En cualquier caso, Navarro explica que la pretensión de la consejería es que "en la autorización haya un plazo para construir", de manera que si la autorizada no acomete la obra "pueda construirla otro". Preguntado sobre si dicho plazo pudiera ser de un año completo, el consejero se limita a indicar: "puede ser, para empezar".

La crisis y sus efectos

Esta garantía de construcción en plazo fijado que la consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente tiene la intención de establecer actuaría como una especie de salvaguarda frente a la situación general por la que atraviesa el sector del gas y que ha obligado a muchas empresas a paralizar sus decisiones de inversión.

Acerca de dicha situación, José Luis Navarro explica que debido a la crisis la demanda de electricidad ha caído un 8 por ciento respecto a las previsiones, al tiempo que las renovables "han crecido mucho", de modo que "quien ha soportado, quien ha actuado como colchón, han sido los ciclos combinados", cuya cuota en la generación eléctrica ya ha bajado significativamente y en el 2010 va "a bajar mucho más".

Añade que las inversiones en ciclos combinados, además de recientes porque datan de los últimos ocho años en su mayoría, han sido "extraordinariamente grandes". Sin embargo, las previsiones "se han demostrado totalmente erróneas", con el agravante de que gasísticas han firmado contratos para la compra de gas en la modalidad 'take or pay', que establece una tarifa por uso al margen de que se esté o no utilizando un volumen determinado.

"Hay empresas españolas con los dedos pillados porque tienen comprometido el pago de un gas que no están usando", señala Navarro, quien dice lamentarlo "por ellos", pero les exige que no pretendan obstaculizar el desarrollo de las renovables, que en el caso de la termosolar es fundamental en Extremadura.

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