La Xunta confía en que el MARM dé antes de octubre seguridad jurírica a embarcaciones no regularizables

Advierte de las consecuencias del proceso para la flota gallega y, en especial, para el marisqueo a flote y percebeiros

El director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Maneiro, confió hoy en que no haya "problemas" para dar "seguridad jurídica" antes de que finalice el proceso de regularización de embarcaciones pesqueras —en octubre— a los profesionales cuyos barcos quedarán excluidos del mismo.

El objetivo es, según explicó en la comisión parlamentaria de Pesca e Marisqueo en respuesta a una pregunta del PPdeG, que no se dé de baja de oficio de los censos pesqueros a ninguna embarcación —Registro de Buques y Empresas Navieras y Censo de la Flota Pesquera Operativa— y éstas puedan continuar su actividad.

Maneiro Cadillo apuntó que así se lo solicitó ayer la conselleira do Mar, Rosa Quintana, al secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro; quien, según el director xeral, se comprometió a "estudiar la situación en la que quedan estas embarcaciones una vez finalizado el proceso" a través de un proceso de negociación.

"Confiamos en la palabra del secretario general del Mar porque entendemos que también están preocupados por la situación", esgrimió en relación a la disposición del Ministerio.

Tres años "estudiando" la situación

A este respecto, el portavoz de Mar del PPdeG, José Manuel Balseiro, replicó que la Secretaría General del Mar lleva estudiando esta situación "desde 2007". "Si el Gobierno central lo quiso estudiar hubo mucho tiempo", reiteró, para recriminarle que no respaldase una proposición no de ley defendida por el PP en el Congreso para modificar la ley de 2007 a raíz de la cual se impulso el actual proceso de regularización.

"Era bueno que después de tres años a esta gente —los profesionales afectados— se le diera una solución", manifestó, al tiempo que cuestionó que el proceso vaya a finalizar en octubre. "Mucho nos tememos que esto no va a ocurrir", pronosticó.

Al respecto de estas afirmaciones, el director xeral, que también respaldó la modificación de la normativa de 2007, consideró que la espera hasta octubre implica estar "alargando la inseguridad jurídica de los profesionales" por no decirles "exactamente lo que pasará".

"Hay un número importante de embarcaciones que no van a ser regularizables y tampoco sabemos qué medidas se van a tomar para evitar la baja de oficio de los censos", insistió, pese a explicitar a continuación la confianza de la Consellería en la "palabra" de Martín Fragueiro.

Importante coste social

El titular de Competitividade e Innovación Tecnolóxica defendió el "compromiso firme" de la Xunta de que "ninguna" de las embarcaciones no regularizables sea dada de baja de oficio, sobre todo ante la coyuntura económica y social que hay en la actualidad.

Maneiro destacó que la mayoría de los barcos afectados son pequeñas embarcaciones dedicadas al marisqueo a flote y al percebe, por lo que expresó la preocupación de su departamento por las "consecuencias" para la flota pesquera gallega de este proceso y, en especial, para este subsector cuya importancia es "muy grande".

También advirtió de que Galicia es la comunidad más afectada por este proceso, mientras que la que ocupa el segundo puesto, Andalucía, sólo cuenta con 230 expedientes, "menos del 10%" de los gallegos.

El problema de los expedientes informados negativamente por el MARM, según subrayó, se centra en la potencia instalada en las embarcaciones. Un análisis de los datos por cofradías, añadió, indica que las más afectadas son aquellas en las que predominan las lanchas de marisqueo a flote y percebe.

Situación de los expedientes

El director xeral detalló la situación de los expedientes, aunque advirtió de que los datos referidos hoy se recabaron el 27 de mayo y que los aportados ayer por el MARM son más recientes, algo que, a su juicio, muestra la "intensidad" y "dinamismo" del proceso.

Así, el Ministerio comunicó ayer que ya ha informado el 91% de los 1.947 expedientes remitidos por la Xunta y precisó que en la comunidad gallega se registraron 2.439 solicitudes. El 41% de los 1.947 expedientes fueron informados favorablemente.

Del resto, señaló que 330 buques tendrán que aportar bajas de capacidad y de potencia —con las nuevas dimensiones sobrepasan las tolerancias admitidas en la ley, de 1 GT para embarcaciones de eslora inferior a 10 metros y de 0,8 GT para el resto; y 20 caballos de potencia propulsora para el total—.

Otras 566 embarcaciones no podrán ser regularizadas por haberse sometido a un proceso similar con anterioridad y 47 buques deberán reducir la potencia de sus motores.

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