En un comunicado, la formación nacionalista explicó que el escaso desarrollo de la Ley de Dependencia en Canarias, donde todavía hay más de 19.000 personas que esperan por la prestación a la que tienen derecho, hará que Canarias reciba menos fondos, ya que se han modificado los criterios de reparto de tal manera que si hasta ahora la ponderación por personas efectivamente atendidas era de sólo el 18,9 por ciento del Fondo General de financiación del nivel acordado, pasará a ser del 53,9 por ciento.

"De los 283 millones de euros que dispone el Estado para desarrollar la ley, Canarias recibirá en este año 2010 un 10,8 por ciento menos que lo que recibió en el año 2009, según las estimaciones realizadas por el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, siendo la comunidad más penalizada de todo el estado", apuntó NC.

De esta manera, el partido que lidera Román Rodríguez afirmó que las nuevas condiciones para repartir los fondos priman a las autonomías que más diligentemente hayan aplicado la ley poniendo en evidencia que, tal como asegura el informe citado, Canarias está a la cola del Estado en todos los parámetros, especialmente en personas beneficiarias.

Asimismo, la organización destacó el hecho de que el Gobierno de Canarias votó a favor de la modificación de los criterios algo que resulta incomprensible teniendo en cuenta el perjuicio que esto supone para las islas, exigiendo al Ejecutivo Autonómico "que se ponga manos a la obra para acelerar el desarrollo de la Ley de Dependencia y atender al derecho de los ciudadanos que esperan por sus ayudas".

Finalmente, apuntó que la agilización tiene que venir a través de la descentralización de este servicio a favor de los cabildos insulares, que son los que desarrollan la atención sociosanitaria y tienen ya personal especializado en estas tareas y no de la contratación de 29 personas más, como ha anunciado la consejera, que se sumarían a una plantilla de 120 empleados públicos ya contratados en el área de Bienestar Social, que hasta ahora han demostrado no ser eficientes y que sólo suponen gastar más dinero en personal y más duplicación administrativa en lugar de usar este dinero para ayudar a los dependientes que tanto lo necesitan.