Así lo aseguró hoy en declaraciones a los periodistas antes de la celebración del pleno, el portavoz del PSOE en la Diputación, Manuel Guerra, quien recordó que el importe de la bajada seguirá los criterios fijados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de manera que los porcentajes oscilarán entre el nueve y el cinco por ciento.

Se trata de una medida con un "valor cuantitativo y cualitativo" debido a que es una iniciativa que supone "un ejercicio de responsabilidad" y que sirve de "ejemplo" a los ciudadanos al objeto de "compartir cargas" ante la actual coyuntura económica.

La bajada será de un nueve por ciento para la presidencia de la Diputación, un ocho por ciento para la vicepresidencia, mientras que para los diputados de la comisión de gobierno y resto de diputados la reducción será de un siete por ciento. Sin embargo, en el caso de los asesores —un total de 27— el descenso será del seis por ciento, y para el personal eventual está establecido en un cinco por ciento.

La moción del grupo socialista contó con el apoyo de IU y PA, ya que el PP se abstuvo debido a que no va a respaldar, como explicó el portavoz del grupo 'popular', "una moción trampa", ya que, a su juicio, "la moción socialista mezcla la bajada de sueldos con las medidas del plan de ajuste del Gobierno central, que afectan a los más débiles y es todo un decretazo".

Asimismo, lamentó que la presidenta de la Diputación, Petronila Guerrero, "impidiera" la presentación de dos mociones del PP, una relativa a la ruptura del Pacto de Toledo, y otra correspondiente a la rescisión del contrato del 'palacete', es decir del edificio del Hotel París.

En su opinión, "la presidenta no puede pedir austeridad a los funcionarios, a los jubilados, a las familias de los dependientes y al mismo tiempo gastarse ocho millones de euros en el alquiler de este edificio", añadió Toronjo, quien remarcó que Guerrero es "un peligro" para el bolsillo de los ciudadanos.

Ante esto, el portavoz 'popular' hizo hincapié en que la presidenta del ente provincial "debe asumir sus responsabilidades, rescindir el contrato del palacete e irse a su casa".

Por su parte, el portavoz de IU, Rafael Sánchez Rufo, incidió en que la crisis "no la pueden pagar los más débiles", a la par que recordó que la provincia de Huelva "ha sido maltratada durante mucho tiempo y no puede sufrir un recorte en inversiones en materia de infraestructura".

Por otro lado, la iniciativa del grupo socialista de reconocimiento y apoyo al colectivo transexual fue aprobada por todos los grupos, sin embargo, no hubo consenso en el resto de mociones, presentadas por PA e IU, sobre el plan de recorte del Gobierno central.

Tal y como explicó Sánchez Rufo, el PA e IU tienen una visión de la crisis, pero el PP y PSOE "comparten el mismo modelo económico" ya que el partido socialista "le está haciendo a la derecha el trabajo sucio, y están soportando los efectos de la crisis quienes más ayudas necesitan".