Este juzgado ha denegado el exequátur solicitado por el Obispado de Barbastro-Monzón y la Comunidad Autónoma de Aragón del Decreto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica de 28 de abril de 2007, frente al Obispado de Lérida, para que se llevara a efecto la devolución de las 112 obras de arte de parroquias aragonesas depositadas en el Museo de Lérida. Su titular entiende que un juzgado civil no puede ejecutar esa sentencia, sino que le corresponde hacerlo a los tribunales eclesiásticos.

El presidente del Comité Intercomarcal del PAR en el Alto Aragón ha precisado en un comunicado que a falta de un análisis "más detallado" del documento por parte de los servicios jurídicos del partido y de sus potenciales efectos, también en cuanto a nuevas iniciativas, "es evidente que las razones que aporta el juez son concluyentes".

A su entender, "por encima de la decepción que en un primer momento cabría deducir por la negativa a aceptar esa solicitud", a pesar del informe favorable de la Fiscalía, el auto ratifica en sus fundamentos "con toda contundencia que Cataluña está obligada a reintegrar ya los bienes artísticos y religiosos a Aragón".

En este sentido, el presidente intercomarcal del PAR ha explicado que las motivaciones para la resolución judicial "son un aval, punto por punto, de la posición mantenida por el Partido Aragonés acerca de que la Iglesia católica es plena y exclusivamente competente en esta cuestión".

Roque Vicente ha agregado que el obispo de Lérida "debe obedecer al Vaticano y a sus sentencias, sin poner más excusas", y las instituciones catalanas "ya no tienen nada que oponer en este asunto, salvo una resistencia totalmente inadecuada, contraria al Derecho y, por supuesto, también contraria al respeto y a las relaciones de vecindad entre ambas Comunidades; las sentencias eclesiásticas deben ser cumplidas por todos".

El dirigente del PAR ha apuntado que las autoridades católicas y civiles catalanas, e incluso del Estado, deberían "tomar nota" de los "incontestables argumentos", que "prácticamente tachan de subterfugios sin base cuanto se alega para retener los bienes, y señalan quién es responsable, a qué se arriesga y a qué está obligado cada cual". "Esperemos que estas mismas conclusiones tajantes sean compartidas por todos los juzgados civiles que, lamentablemente, están teniendo que ver esta cuestión", ha remarcado Vicente.

El presidente del Comité Intercomarcal del PAR ha finalizado al señalar que "ya son suficiente el tiempo y los sucesos transcurridos" y en Cataluña "tienen que ser conscientes de que, tras la devolución, es factible un acuerdo al que nunca nos hemos negado desde Aragón, siempre y cuando primero cumplan con su obligación".