Además, los sindicatos informaron en un comunicado de que mañana se concentrarán, a las 12 horas, ante el Palau de la Generalitat y los edificios Prop I y Prop II, ya que "no todo es responsabilidad" del Ejecutivo estatal. "También hay cuestiones que se pueden resolver aquí, y todo hace pensar que la Generalitat va a excusarse en el tijeretazo de Zapatero para aplicar su propio tijeretazo, pero escondiéndose detrás de las medidas Gobierno central", subrayaron.

Las organizaciones convocantes son: Intersindical Valenciana (Iv), Unión Sindical Obrera (

Uso cv), Asociación Nacional De Profesores Estatales (ANPE), Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (

Cesm cv), Sindicato Independiente (SI-CV), Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT).

Estos sindicatos, que son las más representativas en sectores como enseñanza, sanidad, seguridad pública y administración central autonómica y local, convocarán previamente el próximo martes, 1 de junio, concentraciones en todos los centros de trabajo de la administración pública para protestar por el plan de ajuste estatal.

Además, se sumaron a la huelga general de la función pública del próximo 8 de junio y organizarán manifestaciones en las tres capitales de provincia bajo el lema 'No a los recortes sociales y salariales', para protestar contra las medidas de ajuste.

En concreto, ese mismo día se concentrarán a las 12 horas ante la sede de la Delegación de Gobierno en Valencia, ubicada en el número 60 de la calle Colón, y ante las Subdelegaciones del Gobierno en Alicante y Castellón, en la Plaza de la Muntanyeta y la Plaza de Maria Agustina, respectivamente.

Posteriormente, a las 19 horas, se manifestarán en la Plaza de San Agustín de Valencia, en la Plaza de las Aulas de Castellón y en las escaleras del IES Jorge Juan de Alicante, actividades con las que finalizarán los actos reivindicativos organizados para "contestar de forma contundente" tras la aprobación de unas medidas que "afectan a todos los trabajadores públicos y privados" y que provocarán "un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos".

Los sindicatos realizaron un llamamiento a la participación masiva en estas acciones y defendieron que los empleados públicos deben "dar una respuesta proporcionada, que no sólo bloquee la aplicación de las medidas anunciadas, sino que disuada a las administraciones públicas de cargar la crisis sobre las espaldas del trabajador de a pie".

"inseguridad jurídica"

Reivindicaron que "no puede tolerarse que la inseguridad jurídica invada la función pública hasta convertirla en un territorio sin derechos sociales ni laborales", dado que, a su juicio, "se trata de un precedente de extrema gravedad" y "tras dar este paso, no hay nada seguro en las Administraciones Públicas, ni sueldos, ni puestos".

Los responsables sindicales alertaron asimismo de que "si con un simple decreto-ley se consigue recortar salarios y derechos, menospreciando la negociación colectiva", con el mismo mecanismo "podrían despedir o dejar sin puestos de trabajo a personal empleado público por el mismo motivo" dado que "no hay nada regulado en este sentido". "¿Dónde van a parar, en la privatización de la educación y de todos los hospitales?", agregaron.

Así, acusaron al Ejecutivo estatal de haber "utilizado la vía más fácil para conseguir liquidez inmediata: recortar salarios, congelar pensiones y reducir derechos sociales", y de hacerlo con "un recorte injusto e inmerecido a un colectivo especialmente castigado durante años, con subidas por debajo del IPC real y con un alto porcentaje de personal interino sin puesto fijo".

Además, le reprocharon que "ha señalado al colectivo de funcionarios públicos ante la sociedad como si su situación fuese de privilegio y fuera culpable de los desmanes de las finanzas y del déficit público", pese a que "la realidad es que son personas trabajadoras como muchas otras, con salarios que están muy por debajo de lo que la gente piensa y también por debajo muchas veces de los de empresas privadas".

"sobran muchos gastos superfluos"

"No son culpables de la mala gestión financiera", insistieron las mismas fuentes, quienes denunciaron que "mientras se señala a los funcionarios como cabeza de turco de los excesos cometidos, en un momento en el que sobran muchos gastos superfluos, los mercados financieros dictan políticas que competen a los poderes públicos".

Así, reivindicaron que el Gobierno central "debería centrar los esfuerzos en aumentar los ingresos, no sólo en reducir el gasto", para lo que exigieron que "combata el fraude fiscal de forma efectiva, ponga freno a la economía sumergida y haga que la administración pública sea mucho más eficaz", y estudie medidas para "evitar duplicidades en las administraciones a nivel político".